El Juzgado Federal de Dolores condenó al Ministerio de Economía a entregar en 5 días el expediente completo del crédito de U$S 20.000 millones con el FMI.
En una decisión histórica, el Juzgado Federal de Dolores condenó al Ministerio de Economía a entregar, en un plazo de cinco días, el expediente completo que tramitó el crédito de U$S 20.000 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Esta sentencia es el resultado de una acción de amparo presentada por Francisco Verbic de la CAIP y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), quienes solicitaron información detallada sobre las condiciones del acuerdo.
El DNU 179/2025 y la falta de transparencia
El acuerdo de préstamo fue tramitado mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 179/2025, que fue aprobado en el contexto de una crisis económica. Sin embargo, este acuerdo había generado controversia debido a la falta de detalles claros sobre sus condiciones y su justificación.
La sentencia judicial resalta que el Ministerio de Economía no solo incumplió con la ley, sino que intentó eludir la entrega de la información mediante maniobras burocráticas, algo que fue fuertemente rechazado por la justicia.
La importancia de la Ley de Acceso a la Información Pública
El fallo subraya la supremacía de la Ley 27.275, sancionada en democracia, sobre las normativas restrictivas o burocráticas. Esta ley establece que toda la información generada por el Estado debe ser accesible para todos los ciudadanos, salvo en casos excepcionales muy específicos. La Corte Suprema de Justicia de la Nación considera que el derecho a la información pública es un principio de máxima divulgación, lo que significa que la información que afecta a la sociedad debe ser conocida por todos, sin restricciones.
La información pública es un derecho humano fundamental
La decisión judicial reafirma que la información generada por el Estado no pertenece al gobierno, sino al pueblo de la Nación. En este sentido, el derecho de acceso a la información se considera un derecho humano fundamental, que no requiere justificación ni intereses especiales para ser ejercido.
Este derecho es esencial cuando se trata de decisiones de gran impacto económico, como es el caso del acuerdo con el FMI, que involucra miles de millones de dólares.
