Sabina Frederic finalmente puso en marcha su gestión en el Ministerio de Seguridad y comenzó a desarmar el legado de Patricia Bullrich con la eliminación de medidas emblemáticas del macrismo como el protocolo Chocobar y la utilización de las pistolas Taser.
A través de una resolución publicada este martes en el Boletín Oficial, la ministra derogó varios reglamentos implementados por Bullrich, incluidos el Servicio Cívico Voluntario y el programa «Ofensores en Trenes», que autorizaba a las fuerzas de seguridad a pedir DNI en los trenes. Ambos habían sido implementados por el anterior gobierno durante la campaña.
El «protocolo Chocobar» había sido formalizado hace un año por Bullrich y daba amplias facultades a los efectivos para disparar, entre ellas no dar la voz de alto. Frederic sostuvo en los considerandos de la resolución publicada hoy que eso atentaba «contra el principio de proporcionalidad y el de racionalidad del uso de la fuerza letal» y que eso ponía en peligro a las víctimas de los delitos, a personas ajenas al hecho y a los propios efectivos.
«Este uso ‘irracional’ incrementa la violencia en los hechos delictivos», «convierte en extremo cualquier enfrentamiento» y «estimula, por ende, el uso de armas por parte del personal de las fuerzas policiales y de seguridad y por parte de quienes pretendan delinquir», argumenta el Ministerio.
Frederic también derogó el reglamento para el uso de las pistolas Taser (que considera «menos letales»), puesto en marcha por Bullrich en mayo pasado, por considerar que sólo regula de manera «vaga» y «genérica» la utilización. «En efecto no se establece criterio alguno respecto del empleo de tales armas electrónicas», agrega.
«La ausencia de regulación sobre cómo debe utilizarse este armamento ocasiona una situación de peligro exponencial -pudiendo transformar su uso en letal-, toda vez que no se delimita claramente la distancia a la que debe ser utilizada el arma, los lugares del cuerpo donde pueden realizarse las descargas, cuánto deben durar las mismas, si pueden reiterarse, la población sobre la cual su uso debe estar totalmente prohibido, cómo proceder ante una posible descompensación, qué controles médicos deben realizarse con posterioridad a fin de no padecer problemas en la salud, entre muchas otras circunstancias», advierte la norma.
Frederic también eliminó el programa para que jóvenes de 16 a 20 años se formen «en valores» en Gendarmería por considerar que «las tareas encomendadas a esa fuerza son completamente ajenas» a sus competencias. Cuestionó, además, «la habilitación de un espacio de intervención entre una fuerza de seguridad militarizada con niños, niñas y adolescentes».
Finalmente, se dispuso la eliminación del «Programa Ofensores en Trenes», por medio del cual los efectivos de fuerzas de seguridad podían solicitar DNI a los usuarios, por considerar que «criminaliza a los trabajadores mediante un exceso de controles innecesarios e injustificados», ya que «se trata de una herramienta que pone a disposición de las fuerzas policiales y de seguridad la posibilidad de reforzar criterios de selección y discriminación».