Claudio Moroni, ministro de Trabajo de la Nación, anunció este martes en el Senado que firmará un decreto de necesidad y urgencia para garantizar que las aseguradoras de riesgo de trabajo (ART) incluyan al coronavirus como enfermedad laboral.

Lo había pedido a través de un proyecto de ley la senadora kirchnerista María de los Ángeles Sacnun y lo anticipó el ministro de Trabajo en una teleconferencia de la Comisión de Trabajo de la Cámara alta, coordinada por su presidente, el pampeano Daniel Lovera. 

El decreto, regula parámetros y procedimientos para que las ART no puedan rechazar la cobertura mediante la presunción primaria de que el Covid 19 no se trata de una enfermedad médica profesional.

«En aquellas actividades que no estaban vinculadas al aislamiento las ART no podrán rechazar esta enfermedad y no se obligará al trabajador a probar la relación laboral. Se trata de invertir la carga de la prueba. La determinación profesional la tomará en última instancia la Comisión Médica Central», anunció Moroni.

En el DNU señala que en los casos de trabajadores y trabajadoras de salud se considerará que la enfermedad Covid19 «guarda relación de causalidad directa e inmediata con la labor efectuada, salvo que se demuestre, en el caso concreto, la inexistencia de este último supuesto fáctico».

Además, sostiene que finalizado el plazo de aislamiento «el financiamiento de las prestaciones otorgadas para la cobertura» del Covid deberá ser financiado por el «Fondo Fiduciario de enfermedades profesionales».

La teleconferencia duró tres horas con intercambios de preguntas y respuestas de los senadores con Moroni, casi todas relativas a las complicaciones de las economías regionales.

Había sido suspendida dos veces, la última por las aglomeraciones en los Bancos, y se había convocado luego de los despidos en Techint repudiados por Alberto Fernández y el Papa Francisco. 

«Queremos que las suspensiones sean acordadas con el sindicato y que la actividad económica se sostenga», señaló y aseguró que no hubo aumento de despidos por la cuarentena. «Las desvinculaciones se mantienen en 45 mil, igual que el año pasado». 

Claro que desde diciembre rige un decreto que implementó la doble indemnización y uno reciente que suspendió las cesantías, aunque confirmó que hubo 200 casos de suspensiones con compensación monetaria y acordadas con los sindicatos.  

«Fuimos reconocidos por la Confederación sindical intencional entre los 10 países que más empleo generó en la pandemia», se jactó.   

El ministro destacó el programa de emergencia al trabajo y la producción, con el que intenta asistirá las empresas que tienen que cerrar sus puertas con reducción de aportes patronales y asistencia para pagar salarios mínimos.

Insistió una y otra vez en que no hay límites para registrarse, pero aceptó que con 400 mil inscripciones fue imposible responder a todas las solicitudes.

Informó que el Fondo de Garantías Argentino otorgó garantías por más de 34 mil millones de pesos y casi 30 mil millones de pesos en el sector PyME».

Se comprometió a sostener el ingreso familiar de emergencia (IFE) un mes y «si los hechos ameritan que tengamos que mantener este beneficio más tiempo, lo haremos», prometió. 

Reconoció problemas para asistir a quienes no son de las categorías más bajas del monotributo (sólo se asistió a las A y B) ni desempleados, ni en relación de dependencia y prometió un cruce de datos para evaluar cada caso. 

La senadora del PRO Gladys González consultó sobre la regulación del teletrabajo y Moroni anticipó que se debatirá un proyecto de ley para regular los servicio de delibery ofrecidos desde las app, pero no las actividades que decidan funcionar sin el empleado en la oficina. 

«Hay que regular la actividad, no la plataforma. Un arquitecto puede trabajar desde su hogar. Nuestro proyecto es para incorporarlos como trabajadores dependientes, con un estatuto específico que respeta determinadas condiciones y da derechos básicos que hoy no están teniendo».  

Las oficialistas Silvia García Larraburu y Anabel Fernández Sagasti advirtieron sobre la caída libre del turismo y lo comprometieron a atender a los operadores locales.

La reunión terminó con larguísimos discrusos de los jefes Luis Naidenoff (Cambiemos), quien pidió medidas para  «un plazo de 90 o 180 días» para dar «certidumbre»; y su coterráneo José Mayans (Frente de Todos), quien consideró «excelente las medidas que se están tomando en defensa de la preservación del empleo y de la rpeservacion de la vida, cosa fundamental. Gobernar es dar trabajo».