El proyecto que impulsa cambios en la compra de tierras rurales por parte de extranjeros volvió a instalar un debate que atraviesa a la política, la economía y la defensa de los recursos estratégicos del país.
La reforma de la Ley de Tierras Rurales volvió a instalar uno de los debates más sensibles de los últimos años: quién debe controlar el territorio argentino y qué límites deben existir para la compra de tierras por parte de ciudadanos y empresas extranjeras.
El proyecto impulsado por el Gobierno nacional propone modificar la legislación vigente, transfiriendo a las provincias la facultad de regular la adquisición de tierras rurales por capitales extranjeros y eliminando varios de los límites nacionales establecidos por la Ley 26.737, sancionada en 2011.
Mientras el oficialismo sostiene que los cambios buscan atraer inversiones y dar mayor autonomía a las provincias, distintos sectores políticos, académicos y sociales advierten que la iniciativa podría tener consecuencias sobre el control de recursos considerados estratégicos para el país.
¿Qué establece la ley vigente?
La Ley de Tierras Rurales fija un límite nacional del 15% para la propiedad de tierras rurales en manos extranjeras y establece restricciones sobre grandes extensiones y determinadas zonas de interés estratégico.
La propuesta oficial busca eliminar esos topes nacionales y dejar que cada provincia defina su propia regulación para la venta de tierras.
El informe del Conicet
Uno de los documentos citados durante el debate fue elaborado por el Observatorio de Tierras del Conicet, que sostiene que actualmente unas 13 millones de hectáreas ya se encuentran en manos de propietarios extranjeros.
Según ese informe, la cifra podría incluso estar subregistrada, ya que la información sobre la titularidad de las tierras depende de los catastros provinciales y no existe un registro nacional completamente unificado.
Los investigadores también señalan que, aun con la ley vigente desde 2011, todavía existiría margen para que ciudadanos o empresas extranjeras adquieran una superficie mayor dentro de los límites actualmente permitidos.
Sin embargo, advierten que una eventual derogación o modificación de la norma eliminaría las restricciones nacionales y permitiría a cada provincia definir libremente las condiciones para la compra de tierras rurales, reabriendo el debate sobre la soberanía territorial y el control de recursos estratégicos.
¿Por qué se habla de soberanía?
Quienes cuestionan la reforma sostienen que flexibilizar los controles podría facilitar la adquisición de tierras ubicadas en zonas de frontera o con importantes reservas de agua, minerales, bosques y áreas de producción agropecuaria.
Desde esa mirada, el eje del debate no pasa únicamente por la propiedad privada, sino también por quién controla recursos considerados estratégicos para el desarrollo del país.
Por su parte, el Gobierno sostiene que las restricciones actuales desalientan inversiones y limitan proyectos productivos que podrían generar empleo y desarrollo económico.
Un debate abierto
La discusión sobre la Ley de Tierras vuelve a enfrentar dos posturas: quienes consideran que flexibilizar la normativa permitirá atraer inversiones y quienes creen que mantener límites nacionales resulta fundamental para proteger la soberanía y los recursos estratégicos de la Argentina.
Mientras el proyecto continúa su tratamiento legislativo, el debate promete seguir ocupando un lugar central en la agenda política.
