La Cámara de Diputados de la Nación otorgó media sanción al proyecto de «Ley Hojarasca», una ambiciosa iniciativa impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, conducido por Federico Sturzenegger.

El proyecto de ley busca realizar una profunda depuración del marco legal argentino mediante la eliminación de cerca de 70 leyes que el Poder Ejecutivo considera totalmente obsoletas, anacrónicas o en desuso.

El objetivo central de la propuesta es simplificar los trámites ciudadanos, actualizar la normativa estatal, garantizar libertades constitucionales y profundizar la reducción del gasto público.

El espíritu de la Ley Hojarasca se fundamenta en un principio jurídico clave: remover regulaciones estatales que el avance tecnológico, las reformas normativas posteriores o el propio paso del tiempo volvieron absurdas o inaplicables.

Según los argumentos del Ministerio de Desregulación, muchas de estas leyes se transformaron en un entramado burocrático sin efecto real, mientras que otras representan una injerencia excesiva del Estado en las libertades individuales.

La iniciativa se apoya en la premisa constitucional de que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, por lo que resulta innecesario mantener regulaciones que habilitan de forma expresa actividades que ya están permitidas.

Las leyes más insólitas y anacrónicas que serán eliminadas

Dentro del extenso paquete de derogaciones, el proyecto pone la lupa sobre normativas históricas que hoy resultan llamativas o insólitas para la ciudadanía:

• Registro de palomas mensajeras (Ley N° 27.171): Sancionada en 2015, esta norma obligaba a registrar y constatar la matrícula de las palomas mensajeras de carrera. El Gobierno la considera una intervención estatal innecesaria en actividades de asociaciones privadas.
• Carnet de mochilero obligatorio (Ley N° 20.802): Una disposición de 1974 que exigía una credencial obligatoria para los mochileros que necesitaran asistencia para trasladarse. La ley facultaba la detención policial sin causa, violando el derecho a la libre circulación.
• Aislamiento compulsivo por viruela (Ley N° 22.109): Una norma dictada en 1979 que facultaba al Poder Ejecutivo a aislar de forma obligatoria a enfermos o sospechosos de viruela, una enfermedad erradicada globalmente hace décadas y superada por legislaciones de vacunación integral.
• Internación obligatoria por lepra (Ley N° 22.964): Dictada en 1983, permitía el confinamiento forzoso de pacientes con lepra. El texto oficial de la reforma la cataloga como una medida «de corte netamente medieval» y estigmatizante.
• Pena de azotes (Ley N° 94): Una norma de 1864 que inhabilitaba por diez años a las autoridades que ordenaran azotar a una persona. Quedará formalmente derogada por ser anacrónica, dado que los castigos físicos están estrictamente prohibidos por la Constitución Nacional.

Control cultural, tecnología en desuso y privilegios políticos

El proyecto también apunta contra regulaciones de gobiernos de facto destinadas al control de las libertades y la cultura, así como a beneficios que rompen la igualdad ante la ley:

• Control de reuniones públicas (Ley N° 20.120): Emitida en 1973, obligaba a pedir autorización policial previa para realizar reuniones en lugares cerrados y habilitaba a las fuerzas de seguridad a ingresar a los recintos. Se elimina por violar libertades constitucionales básicas.
• Privilegios para legisladores (Ley N° 20.959): Una norma de 1975 que otorgaba credenciales de libre circulación y estacionamiento irrestricto a los miembros del Congreso, derogada por contradecir el principio de igualdad.
• Televisión a color y música nacional (Leyes N° 21.895 y N° 19.787): Normas que regulaban y autorizaban de forma restrictiva las transmisiones de TV a color o que imponían la difusión de música bajo criterios de control cultural dictados por gobiernos militares.

Asimismo, la Ley Hojarasca sepulta normativas vinculadas a tecnologías obsoletas como los sistemas de microfilmación obligatoria para las Fuerzas Armadas y organismos públicos (Leyes N° 18.569, N° 20.114 y N° 23.756), herramientas que quedaron totalmente superadas por la digitalización actual.

Ajuste fiscal: recorte a premios, fondos y comisiones en desuso

En sintonía con la política de reducción del gasto público y la premisa de la «motosierra» estatal, la iniciativa elimina el financiamiento público a estructuras y galardones que el Gobierno considera prescindibles:

• Premios Estatales (Leyes N° 24.127 y N° 24.960): Se eliminan el «Premio Nacional a la Calidad» y el premio a la «Prevención de las Adicciones». Los fundamentos señalan que el sector privado no requiere estímulos económicos del Estado para ser eficiente, ya que el propio mercado premia la eficiencia con mayores ganancias.
• Organismos y Federaciones: El proyecto propone retirar el financiamiento estatal directo al Círculo de Legisladores de la Nación Argentina (Ley N° 20.984) y modificar la estructura de la Federación Argentina de Municipios (Ley N° 24.807) para que ambas entidades pasen a sostenerse exclusivamente con los aportes voluntarios de sus miembros y no con fondos del Tesoro Nacional.
• Comisión de Cunicultura (Ley N° 23.634): Se disuelve este organismo creado en 1988 para la cría de conejos, tipificado por la nueva gestión como una estructura ineficaz y un gasto público innecesario.

Con la media sanción obtenida en la Cámara de Diputados, el proyecto de Ley Hojarasca pasa ahora al Senado para su debate definitivo.

De ser aprobado, representará uno de los mayores ordenamientos y simplificaciones del digesto jurídico argentino en la historia reciente del país.