El Observatorio por el Derecho a la Ciudad, junto con diferentes organizaciones sociales y políticas, hizo la primera presentación contra el mega decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 que presentó durante la jornada de este miércoles el presidente, Javier Milei. La medida con más de 80 páginas contiene la derogación de más de 300 leyes que fueron incorporadas al orden jurídico nacional a lo largo de más de 100 años. 

“Implicará la modificación fundamental del estilo de vida de toda la población argentina, con flagrante menoscabo de sus principios republicanos, representativos, democráticos y su carácter federal”, denunciaron.

La causa recayó en las manos del juez Esteban Carlos Furnari, a cargo del juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 2.

Además del Observatorio, la presentación está firmada por Claudio Lozano, en representación de Unidad Popular; Hugo Godoy, por la Central de Trabajadores del Estado; y Rodolfo Aguiar, por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Nacional.

En el documento, explican que la solicitud de “inconstitucionalidad y la nulidad absoluta e insanable” es en virtud de que se constituye “el ejercicio de facultades extraordinarias y facultades equivalentes a la suma del poder público, por violar el principio republicanos, la división de poderes, la democracia, el principio de reserva de ley y los derechos colectivos de la ciudadanía argentina a la participación en la dirección de los asuntos públicos directamente o a través de sus representantes”.

En el decreto, que el presidente decidió presentar en la emblemática conmemoración del 20 de diciembre de 2001, junto a distintos integrantes de su Gabinete, más quien es señalado como creador Federico Sturzenegger, abarca materias diversas como Reforma del Estado, Desregulación Económica, Trabajo, Comercio Exterior, Bioeconomía, Minería, Energía, Aerocomercial, Justicia, Código Civil y Comercial, Salud, Comunicación, Deportes, Sociedades, entre otras, lo que “afecta la vigencia y contenido de 81 leyes”.

Además, señalaron que el Poder Ejecutivo consideró que “desesperante situación económica general” habilita a dictar un Decreto de Necesidad y Urgencia por medio del cual se derogan totalmente 41 leyes y decretos ley, se derogan parcialmente 7 leyes y se modifican 33 leyes.

Entre lo que catalogan como “violación de los requisitos constitucionales que facultan al Poder Ejecutivo de Necesidad y Urgencia”, explicaron que “la admisión del ejercicio de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo se hace bajo condiciones de rigurosa excepcionalidad y con sujeción a exigencias formales frente a un “mega” DNU que por su alcance masivo (83 leyes) de por sí es incompatible con la excepcionalidad exigida por la Constitución”.

En ese sentido, denunciaron que con esta medida “se impulsa es la modificación radical y estructural del modelo de desarrollo humano, de progreso económico con justicia social, de productividad de la economía nacional y de crecimiento económico del país sin esperar que el Congreso pueda evaluar la propuesta y el radical nuevo rumbo que se plantea. La Constitución Nacional no autoriza que los Decretos de Necesidad y Urgencia sean utilizados para este propósito cuya facultad corresponde sustancialmente al Congreso de la Nación”. 

A partir de ahora, el Ejecutivo tiene diez días hábiles para que el jefe de Gabinete lo envíe a la Comisión Bicameral para que haga su evaluación y, en caso de que no lo hiciera, al décimo día la Comisión puede tratarlo de oficio.  

En la presentación realizada, precisaron también que el decreto es inconstitucional por “constituir el ejercicio de la suma de poder público y facultades extraordinarias por fuera de la Constitución Nacional”. 

Aquí, para el caso, marcaron que, la vigencia del decreto, “implicará la modificación fundamental del estilo de vida de toda la población argentina, con flagrante menoscabo de sus principios republicanos, representativos, democráticos y su carácter federal”.

Otro de los puntos, también, indicó que “desde la recuperación de la democracia en el país, hace 40 años, que no se ha visto una concentración de poder tan mayúsculo por los que la ‘vida, el honor o las fortunas de los argentinos van a quedar a merced’ de una persona, el presidente y su Gobierno”, alertaron y señalaron que “pone en juego el sistema democrático y republicano” al constituir “la concentración del poder pública”.

Dada la cantidad de modificaciones, emprendidas en el DNU sin consulta previa al Congreso -en donde se encuentran las y los representantes del pueblo-, de esta manera, se entiende que “se restringe el derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos directamente y a través de los representantes libremente elegido”.

“Lo hasta aquí expuesto permite concluir que se encuentran presentes la totalidad de los requisitos necesarios para la procedencia formal de la acción de amparo. Se han evaluado los requisitos constitucionales y legales, la existencia de un acto del Estado Nacional que, de forma manifiestamente ilegítima y arbitraria, vulnera derechos emanados de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales”, dice la presentación.

Para cerrar, precisaron que el DNU tiene vigencia “con posteridad a su publicación”, momento en el cual comenzará a “regir la vida de la ciudadanía argentina en total irrespeto a la democracia”. Como ejemplo, citaron la derogación de la Ley de Alquileres, que afectará la situación habitacional de más de 9 millones de personas, así como los derechos laborales “que generará un impacto en toda la clase trabajadora”.