Los jueces lanzaron una fuerte advertencia contra el Gobierno nacional por el escándalo de espionaje ilegal contra los integrantes de la Corte Suprema y magistrados del fuero federal.

A través de un muy duro comunicado, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) expresó «su profunda preocupación» por el caso, que es investigado por el Rodolfo Canicoba Corral y salpica a la Afip, a la Unidad de Información Financiera (UIF), a la AFI y al Ministerio de Seguridad.

En la nota, la AMFJN pide ir a fondo con la investigación para «determinar quién y por qué» las llevó a cabo y especialmente definir si fueron «diagramadas por particulares, funcionarios infieles aislados, una organización paraestatal o, lo que sería más grave aún, una institución pública que decididamente se haya volcado a esa faena ilícita incluso con algún grado de sistematicidad». 

Esta última frase es un mensaje directo al Gobierno y a la sospecha de que varias áreas oficiales estuvieron involucradas. Como detalló este medio, en la UIF investigan a su titular, Mariano Federici, y a su segunda, María Eugenia Talerico; en la AFI los apuntados son Gustavo Arribas y Silvia Majdalani; y en la AFIP investigan a una funcionaria que aprieta jueces con el acceso privilegiado a la información fiscal.

«Ese tipo de conductas violan gravemente el derecho a la intimidad del que también son titulares los jueces, a la par que quebrantan el estado de derecho que debe imperar en una sociedad civilizada», cuestiona la AMFJN en el comunicado firmado por su presidente, Marcelo Gallo Tagle, y su secretario, Enrique Comellas.

Entre los presuntos espiados están los jueces Juan Carlos Maqueda, Martín Irurzun, Sebastián Casanello, María Servini, Daniel Rafecas y el propio Canicoba, entre otros.

El denominador común de los espionajes a los jueces fueron consultas a la Dirección Nacional de Migraciones desde distintos usuarios en varios organismos públicos.