La democracia argentina tiene que convivir con la existencia de un gobierno absolutamente agotado, en el contexto de una grave crisis económica y social que provocaron sus políticas. 

Los cien días que le quedan de vida a la lamentable experiencia de gobierno de Macri parecen una eternidad. El sufrimiento social y la permanente incertidumbre económica en la que estamos viviendo aconsejarían abreviar el pasaje. Pero la mitología del antiperonismo argentino tiene de rehén a la política: cualquier acuerdo institucional para acortar razonablemente la duración del calvario alimentaría la “maldición” de los gobiernos no peronistas, que “nunca terminan su mandato”.

La verdad es que el peronismo y la oposición en general han hecho mucho en estos cuatro años para preservar el orden político, en las perversas condiciones impuestas por el gobierno que asumió a fines de 2015. Pero los mitos políticos resisten cualquier ataque de la realidad.

La alianza gobernante tiene dos tareas complejas y contradictorias entre sí: la primera es la de administrar la crisis de modo que sus fuegos no lleven a un final caótico de la primera experiencia en la historia argentina de un partido de derecha elegido en votación libre; la segunda es la campaña electoral, signada como está por el carácter irreversible del veredicto popular en las primarias.

Irreversible por la amplia e inesperada distancia (16 puntos según el escrutinio definitivo) pero también por el estado de cosas posterior a esos votos: el gobierno le pide a la ciudadanía que modifique el signo de su elección en medio de un agravamiento inusitado de la situación social. Hasta antes del 11 de agosto último, el gobierno estaba convencido de que su publicidad podía compensar cualquier cosa que ocurriera en la realidad, pero ese día la creencia voló por los aires.

El reflejo condicionado, sin embargo, persiste. El gobierno atribuye la crisis a los resultados electorales. Es decir al miedo que en el “mundo” produjo el triunfo de la fórmula Alberto-Cristina. 

El problema es que esa publicidad que pretende ser al argumento central de campaña afecta a la otra tarea que tiene que afrontar el gobierno: ¿Cómo se hace para mantener en el centro la consigna de evitar que el país se convierta en “Venezuela” y al mismo tiempo persuadir a los portadores políticos de la amenaza de que adopten una actitud cooperativa en el mantenimiento del orden? Pero, por otro lado, la cuestión misma de la cooperación está en entredicho. ¿Qué sería cooperar? ¿Participar en la continuidad y la exacerbación de las mismas políticas que nos llevaron al abismo? Todo lo que puede hacer la oposición es contribuir a que la bronca que atraviesa al pueblo no desborde los canales pacíficos, a lo que tampoco el gobierno con su retórica violenta y vengativa contribuye demasiado.

Esa dialéctica entre campaña electoral y transición política marcará la agenda de aquí al 10 de diciembre si es que los tiempos institucionales son mantenidos en este duro contexto.

Sin embargo hay algo que será muy importante después de la elección y el cambio de mando: estos meses marcarán también el tránsito hacia una nueva escena política que tendrá que reconocer los enormes cambios que están madurando.

El 13 de diciembre de 2015, Morales Solá publicó su columna dominical en el diario La Nación con el sugestivo título “Un gobierno sin derecho al error”, en referencia, claro está, al recién asumido presidente Macri. Decía ahí textualmente: “Un eventual fracaso significaría el regreso del populismo por un tiempo previsiblemente largo”.

El fracaso tan temido ya ocurrió. El vencedor electoral de hoy no es el “populismo”, palabra que en boca de los comunicadores neoconservadores no alude a un régimen ni a un modo de concebir la política sino que es una designación condenatoria dirigida a todo lo que se oponga a la voluntad de los poderosos del país y el mundo. 

El vencedor de hoy es un frente plural que tiene como agenda central la reparación más profunda, y en los menores tiempos posibles, de los terribles daños causados por la política de Macri y del FMI. El elenco macrista no asumió ni gobernó pensándose como una administración pasajera.

Se pensó a sí mismo en términos refundacionales, como una profunda revolución cultural en el país. Una revolución contra los sindicatos y la tradición organizativa y movilizadora del pueblo argentino. Una transformación profunda e irreversible a favor del poder más completo de las grandes corporaciones globales y del debilitamiento del estado, a reducir en adelante al rol de policía protectora de la seguridad del capital.

Eso es lo que fracasó, como temía el columnista. Y eso no es una abstracción. Tiene nombres propios, símbolos, banderas, incluida la que en otros tiempos puso en el gobierno a Hipólito Yrigoyen y después, con Alfonsín, administrara la recuperación de los derechos constitucionales en la patria.

En caso de conservar el gobierno de la ciudad capital –pintada hace mucho tiempo de amarillo en una clara confusión entre partido y estado- el partido de Macri habrá vuelto al año de su primer triunfo electoral, allá en el lejano 2007. Claro, nunca se regresa al pasado, porque esa reducción de poder no fue el resultado de una vaga tormenta sino de un duro fracaso político.

Entonces, ¿cómo será la política en el cuadrante derecho argentino después del naufragio amarillo firmemente acompañado por el partido radical? ¿Será otra vez la maquinaria mediática la que asuma sus tareas? ¿Volverá el intento de construir un conservadorismo popular de la mano de alguna disidencia peronista que nunca falta? Si conserva la ciudad de Buenos Aires, el PRO formará parte de la discusión, aunque con una influencia muy disminuida respecto de estos últimos años.

La UCR tendrá que enfrentar su tercera catástrofe de gobierno después de las de 1989 y 2001 y tendrá que revisar su presente, limitado a ser una reserva de apoyo para experiencias neoliberales que ni siquiera la tratan dignamente.

Pero todo eso se verá después que atravesemos estos cien días. Y la forma en que los atravesemos influirá mucho en nuestro futuro.