PRONÓSTICO EXTENDIDO

Los rectores amenazan con paralizar las universidades por el ajuste del Gobierno en el segundo semestre

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El ajuste del Gobierno sobre las cuentas públicas amenaza con detonar un grave conflicto en las universidades nacionales, donde por estas horas se discute una paralización total de las actividades en agosto.







Lo novedoso del conflicto sería que la medida la tomarían los rectores de las universidades, que se sumarían así al paro que ya anunciaron los docentes ante la indefinición de la paritaria.

En lo que va del año sólo recibieron un adelanto del 5 por ciento a cuenta del aumento.

La posibilidad de una paralización de las actividades fue reconocida por el rector de la Universidad de Tierra del Fuego (UNTDF), Juan José Castellucci.

«En agosto nos volvemos a sentar los rectores en el comité ejecutivo y hay versiones de que quieren enfrentar más firmemente esto que está ocurriendo», explicó.

La queja en las casas de estudio es porque en los últimos meses Nación cortó las partidas presupuestarias que se utilizan para el funcionamiento cotidiano (los únicos fondos al día son los destinados a salarios) y no está ejecutando el presupuesto.







Ya son varias las universidades que hicieron formal su reclamo, apoyado incluso por algunos gobernadores como el neuquino Omar Gutiérrez. La Universidad del Comahue atraviesa una serie crisis y ya avisó que no está en condiciones de funcionar después del receso.

Omar Gutierrez@OmarGutierrezOk

No al ajuste de las universidades públicas. Nuestra Universidad del Comahue es la que permite nuestro desarrollo, garantizando la accesibilidad a la educación superior en toda la región. La educación es la que nos permite una sociedad equitativa. pic.twitter.com/XNzOaJO7HD

El mes pasado, las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional -que agrupa a los rectores- mantuvieron un encuentro con Marcos Peña, Mario Quintana y Alejandro Finocchiaro, donde estos se comprometieron a reducir los atrasos en las transferencias de fondos y a ejecutar el presupuesto. Pero eso no está ocurriendo.

El vicepresidente del CIN y rector de la Universidad de Hurlingham, Jaime Perczyk, explicó que en julio se recibieron la mitad de las partidas correspondientes a febrero, lo que se sumó al ajuste automático que provocó la devaluación.

El Presupuesto votado por el Congreso el año pasado era de 100 mil millones de pesos, que equivalían a 5 mil millones de dólares. Hoy esos 100 mil millones de pesos son 3,3 mil millones de dólares.

Ante esta situación es que surge la idea de empujar una medida de protesta institucional inédita de parte de las universidades, que sería la paralización total de las actividades.

Por ahora la propuesta es empujada por algunas instituciones del interior del país y del Conurbano y se está analizando en las más importantes, como la UBA, Córdoba, La Plata y Rosario.

«Si la UBA acompaña, esto va a tener un vuelco favorable en poco tiempo. Por lo menos tiene que participar Buenos Aires, Córdoba, La Plata, Rosario, y creemos que van a participar», se entusiasmó el fueguino Castelucci.

Fuentes del rectorado de la UBA dijeron a LPO que por ahora lo que existe es un intento por sumar más universidades a esta amenaza de no arrancar el segundo cuatrimestre, aunque aseguraron que es difícil que la institución se sume formalmente a una protesta de este tipo.

De todos modos admitieron que la situación está difícil y que el Gobierno también le debe fondos a la Universidad de Buenos Aires, algo que es materia de negociación por estas horas.

La preocupación mayor es ahora la paritaria docente y a futuro inmediato el tratamiento del presupuesto para 2019.

Otras fuentes de la UBA explicaron a este medio que la principal amenaza es la baja de los convenios definida por el Gobierno, lo que implica que a partir del próximo año se cortarían unos 6 mil contratos con universidades de todo el país.

En el caso de la universidad porteña, las fuentes explicaron que esto le complica mucho los recursos propios a algunas facultades (que realizan por ejemplo servicios de auditoría) e impacta principalmente en Derecho y Ciencias Económicas, donde se estiman unos 500 contratos que se cortarían.