La movilización prevista para este martes cuenta con un amplio respaldo, entre ellos el de la central obrera, las dos CTA y diversos espacios políticos. En paralelo, el Gobierno porteño negocia con la UBA el desarrollo de la marcha y está atento al accionar de la ministra de Seguridad.

La movilización prevista para este martes cuenta con un amplio respaldo, entre ellos el de la central obrera, las dos CTA y diversos espacios políticos. En paralelo, el Gobierno porteño negocia con la UBA el desarrollo de la marcha y está atento al accionar de la ministra de Seguridad.

En el marco del ajuste presupuestario de Javier Milei, la comunidad educativa universitaria prepara una movilización masiva y un banderazo para este martes en todo el país con un amplio respaldo. La Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos CTA adhirieron a la movilización. Lo propio hicieron espacios políticos como la Unión Cívica Radical (UCR), la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y sectores del peronismo como el Frente Renovador.

Si bien el sindicalismo y una parte del sistema político movilizarán, desde la UBA pidieron que sea bajo consignas vinculadas a la defensa de la educación pública y con banderas de Argentina. Es un modo de darle homogeneidad al reclamo y evitar una partidización que le de caldo de cultivo a la crítica del Gobierno.

Las diferentes columnas movilizarán hacia la Plaza de Mayo con la intención de confluir allí a las 17:30. El acto central comenzará a las 18. Habrá montado un escenario en la plaza con una bandera argentina grande con la inscripción “En defensa de la universidad pública” y donde se ubicarán las autoridades de la UBA, rectores de universidades nacionales, alumnos, representantes de docentes y no docentes.

En este marco, existe cierta tensión entre Jorge Macri y Patricia Bullrich por la seguridad. Para el Gobierno porteño, la marcha universitaria reviste carácter de manifestación de la clase media donde se encuentran muchos de sus votantes, un elemento que obliga a desplegar con el mayor tacto posible el protocolo antipiquetes. 

El secretario de seguridad y jefe de la policía porteña, Diego Kravetz, viene trabajando con las autoridades de la UBA los términos de la marcha. Según lo acordado, la movilización será por la vereda, con la posibilidad de ir cortando los carriles de a uno en la medida que se llene la capacidad de personas.

El recorrido parte de la Plaza Houssay frente a la Facultad de Medicina, pasa por el Congreso y termina en Plaza de Mayo.  La Policía Metropolitana estaría a cargo del cordón de seguridad. 

Sin embargo, al Gobierno de Jorge Macri le preocupa la intervención Bullrich, que no tiene diálogo con los funcionarios porteños. El problema es que bajo la nueva doctrina de «proteccion objetivos federales» son jurisdiccion de las fuerzas de seguridad nacionales y pueden expandir su radio de acción cientos de metros.

En el caso que los federales avancen, la decisión del Gobierno de la Ciudad es retirar a la Policía Metropolitana para evitar el choque entre las fuerzas.

Otro foco de preocupación son los movimientos sociales, ahora sin conducción y con profundas diferencias entre las organizaciones peronistas y la izquierda.

Conflicto por el Presupuesto de las universidades

El presupuesto universitario tiene tres partes: los salarios del personal docentes y no docentes, gastos de funcionamiento y, por último, programas especiales. Actualmente, de los gastos que requiere la universidad, cerca de un 90% del total corresponde a salarios y un 10% se destina a otros gastos para funcionamiento.

Desde la UBA señalan que esa relación debería ser 75% y 25% para que las universidades puedan funcionar correctamente. Dentro de los gastos de funcionamiento se encuentran recursos que necesitan las universidades para pagar los servicios y el mantenimiento para lograr buenas condiciones áulicas, de laboratorios, limpieza, seguridad, conectividad, seguros e insumos básicos.

Los gastos de funcionamiento quedaron congelados al prorrogarse el presupuesto 2023. Por lo tanto, tienen un atraso por inflación de cerca del 300%.

El grueso de los fondos para las universidades proviene del apartado “Desarrollo de la Educación Superior” del Presupuesto Nacional. Ese acápite tuvo un ajuste del 72% en términos reales, o sea, deflactado.

Respecto a la actualización del 70% que el Gobierno Nacional anunció para las universidades, ese aumento es sobre el 10% de gastos de funcionamiento. En la UBA explican que no es para salarios.