Sin anuncio previo, Javier Milei desarticuló el PNCC, una política sanitaria clave que durante 15 años coordinó la atención y derivación de bebés y niños con malformaciones cardíacas en todo el país. 

La medida incluyó el despido de los siete profesionales altamente especializados que conducían el programa y generó una fuerte conmoción en la comunidad médica.

   Creado en 2008 y respaldado por ley desde 2023, el PNCC articulaba una red federal de 15 centros categorizados por niveles de complejidad. A través del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SIISA), el equipo evaluaba cada caso y definía la derivación más adecuada según la gravedad, garantizando atención oportuna incluso en provincias sin infraestructura especializada. Cada año, el programa recibía notificaciones de unos 4.000 bebés con cardiopatías congénitas —cerca del 50% requería cirugía— y coordinaba alrededor de 800 intervenciones quirúrgicas.

   Los siete integrantes del equipo fueron notificados verbalmente o mediante un breve mensaje que informaba la no renovación de sus contratos. La desvinculación implicó, en la práctica, la pérdida del núcleo técnico que sostenía el funcionamiento del programa. Solo permanecen algunos empleados administrativos y un asesor del Hospital Garrahan.

Especialistas advirtieron que la decisión deja sin respuesta a miles de niños que dependen de una derivación rápida: en muchos casos, la falta de intervención en las primeras horas de vida puede ser fatal.

El PNCC cumplía un rol clave allí donde no existe diagnóstico prenatal ni equipos locales capacitados, asistiendo a los médicos provinciales para estabilizar pacientes y trasladarlos en condiciones seguras.

El médico y diputado Pablo Yedlin calificó el desmantelamiento como «ilegal» y alertó que se trata de «otro grave error del Ministerio de Salud».

En la misma línea, organizaciones médicas y de salud pública expresaron su preocupación y reclamaron la restitución del programa.

  A lo largo de su trayectoria, el PNCC logró reducir de forma sostenida la mortalidad infantil asociada a cardiopatías congénitas, alcanzando niveles de sobrevida cercanos al 95%, comparables con países desarrollados.

También impulsó el diagnóstico prenatal, la formación de recursos humanos y el equipamiento de centros con tecnología de alta complejidad. Su modelo fue reconocido a nivel internacional y presentado como ejemplo por organismos como el BID.

En 2023 se sancionó además la Ley Integral de Atención del Paciente Cardiópata, aún sin reglamentar, que garantiza cobertura más allá de los 18 años, un avance que ahora queda en suspenso.

Desde el sector médico subrayan que el impacto más grave no recaerá en los grandes hospitales, sino en los niños de regiones con menor acceso al sistema de salud. «No se trata de estructuras ni de cargos, sino de personas y de un modelo que demostró que trabajar en red salva vidas», resumieron referentes históricos del programa.

Cada año nacen en la Argentina unos 7.000 niños con cardiopatías congénitas. Para los especialistas, interrumpir una política pública que demostró eficacia, equidad y continuidad representa un retroceso significativo en materia de salud infantil.

En Argentina nacen cada año unos 7.000 niños con cardiopatías congénitas. Cerca del 50% requiere cirugía en el primer año de vida. La atención oportuna y coordinada es clave para reducir mortalidad y secuelas.