Desde la Dirección Nacional de Migraciones, aseguran que se trata de una serie de medidas para combatir el tráfico de personas, la trata y el trabajo exclavo de extranjeros. En ocho meses ya se duplicaron los operativos en relación al último año.

La Dirección Nacional de Migraciones ya duplicó la cantidad de inspecciones realizadas en relación al 2015, aunque desde el organismo aseguran que se trata de una forma de atacar al narcotráfico, la trata y el trabajo exclavo de extranjeros, el trasfondo de los operativos se centran en la búsqueda de extranjeros indocumentados.

Los controles de permanencia de ciudadanos extranjeros, ya alcanzan 8.036 operativos en todo el territorio, a fin de detectar irregularidades documentarias.

Por un lado, los funcionarios intiman a los extranjeros a normalizar la situación de residencia en el país; y por el otro, son sancionados los empresarios inescrupulosos y los dadores de trabajo o alojamiento a título oneroso a personas indocumentadas.

“La concreción de estas medidas fijadas por la normativa vigente y con el propósito de promover la regularidad migratoria, se da gracias al trabajo coordinado con Justicia, fuerzas de seguridad e inteligencia, fiscales, organizaciones internacionales y otros organismos del Estado (nacionales, provinciales o municipales), a fin de lograr una mayor eficacia, tanto en el intercambio de información, como también a la hora de disuadir, prevenir o actuar en situaciones de posible delito”, sostuvo el director Nacional de Migraciones, Horacio José García.

El organismo dependiente del Ministerio del Interior, en lo que va del año, prácticamente igualó la actividad total de 2015 (cuando hubo 8.447). Mientras que a iguales períodos, se produjo un aumento de 2.991 operativos; representando un incremento del 37,2% interanual en la actividad.

En las 8.036 intervenciones fueron fiscalizados más de 12.700 extranjeros, 1.600 de los cuales se encontraban en situación irregular en el país. A la par, se labraron 750 actas de infracción a dadores de empleo o alojamiento a extranjeros irregulares.

Cabe consignar que de la cifra de acciones realizadas, 619 se correspondieron con operativos judiciales y 378 se implementaron con otros organismos.

Del total de controles, 180 se dieron en talleres textiles; y también fueron fiscalizados más de 4.600 comercios (supermercados, comercios minoristas y mayoristas y gastronómicos). Si se toman en cuenta servicios, industria, hoteles, hornos de ladrillos, locales nocturnos, construcción, entre otros, la cantidad se eleva a casi 5.900.

En los últimos siete días, por ejemplo, se concretaron inspecciones tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en el Gran Buenos Aires y localidades de varias provincias, como en Monte Cristo (Córdoba) y Río Grande (Tierra del Fuego).

Entre los resultados de las acciones, algunos revistieron mayor atención e importancia, como el allanamiento efectuado en una galería del barrio porteño de Flores el jueves 18, junto al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la colaboración de la Agencia Gubernamental de Control, la AFIP, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, la Policía Federal y la Policía Metropolitana.

En la ocasión se constató que trabajaban 67 extranjeros (bolivianos, paraguayos, peruanos y surcoreanos), 5 de los cuales estaban en situación irregular. A su vez, pero junto al Ministerio Público Fiscal y a la Policía Metropolitana, se detectó a 8 senegaleses involucrados en venta ilegal en la vía pública, 5 en irregularidad migratoria. En ambos casos se labraron actas por infracción a la Ley de Migraciones.

El mismo día, en Villa Celina (Partido de La Matanza), Migraciones junto a la División Trata de la Policía Federal, participó de un allanamiento a un taller textil en el trabajaban 16 bolivianos.

Se comprobó que 13 de ellos tenían su documentación en regla; aunque uno de ellos, el titular del domicilio, fue detenido por presunta trata de personas. En tanto, de los tres en situación de irregularidad, uno quedó detenido cuando los inspectores verificaron que existía una orden de captura vigente.