La decisión de Mauricio Macri de reformar (ajustar, achicar o recortar caben en la misma acción) a las FF.AA. con la única vara del equilibrio fiscal encontró un obstáculo en la tragedia del ARA San Juan.
El 30 de octubre pasado la secretaria de Servicios Logísticos y Coordinación Militar para la Emergencia del Ministerio de Defensa, Graciela Villata, envió una nota a los directores de Planes, Programas y Presupuestos (DG3P) de las tres fuerzas armadas.
En un solo párrafo les trasmitió un recorte de más de $300 millones que se aplicó a la cuarta cuota del presupuesto para funcionamiento y gastos operativos de 2017.
El brigadier Alejandro Amoros, el contralmirante Francisco Medrano y el general de brigada Federico Sidders fueron los destinatarios de la mala noticia.
Son los encargados de los números y su aplicación para que los medios de las tres fuerzas -aviones, buques, submarinos, tanques, helicópteros, batallones de infantería, etc.- puedan operar y adiestrarse de la manera más eficiente y segura.
«Garantizar y salvaguardar de modo permanente los intereses vitales de la Nación, cuales son los de su soberanía, independencia y autodeterminación, su integridad territorial y la vida y libertad de sus habitantes» para decirlo según la misión que establece la ley a las fuerzas.
La directiva de Villata tuvo un impacto directo en la operatividad de las tres fuerzas hasta fin de año. ¿Alcanzó a comprometer la travesía que cumplió el ARA San Juan que había zarpado a ejercitaciones con la Flota de Mar? El interrogante pone en jaque a la conducción política del Ministerio de Defensa. Quienes manejan los números dicen que esta 4ª cuota, en rigor, cubriría pagos de facturas de gastos ya efectuados. Graficaron con el ejemplo del combustible: las unidades cargan, lo consumen en las operaciones y se paga con la cuota presupuestaria siguiente.
Antes, el ministro Oscar Aguad había recibido instrucciones de Gustavo Lopetegui, secretario de Coordinación de Políticas Públicas de la Jefatura de Gabinete: «Tenés que recortar $1.000 millones».
Astilla del mismo palo, Nilda Garré, presidenta de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados y exministra de esa cartera, solicitó una reunión informativa de Aguad con los legisladores para el 6 diciembre. Está en juego la responsabilidad política (puede mutar en penal) de la avería seguida de siniestro con pérdida de vidas sufrida por el ARA San Juan.
De un lado dicen que hubo desinversión y siembran la sospecha sobre la reparación de media vida que se hizo en la gestión kirchnerista; del otro que se afectó el mantenimiento por recortes presupuestarios.
Arduo, desvincular la duda sobre la reparación y el mantenimiento del San Juan (si hubo irregularidades) de la guadaña presupuestaria a que fue sometida la Armada al igual que la Fuerza Aérea y el Ejército durante décadas.
Al decir de la diputada Elisa Carrió, «la corrupción mata» puede agregarse: «La errónea decisión política también».
Del 2,5% del PBI en tiempos de Raúl Alfonsín, el presupuesto de Defensa bajó a 1.0% en 2016 y ahora a 0,9% según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI).
La cuestión de la poda se había masajeado en la última reunión de seguimiento de rutina de los temas de defensa que encabezó Macri. Entre las sugerencias para cerrar el grifo y ahorrar, Aguad propuso disminuir la asignación destinada a la logística de las bases antárticas (combustibles, alimentos, herramientas, pertrechos, etc.). De todos los insumos que abastecen las instalaciones antárticas hay dos gravitantes: víveres y combustible (usado para calefacción). También enajenar bienes inmuebles en especial del Ejército, la fuerza que por su despliegue a lo largo del territorio nacional dispone de más instalaciones que la Armada y la Fuerza Aérea.
El ojo rematador cayó, entre otros, en el predio aledaño al Regimiento I Patricios donde se ubica un hipermercado.
Esbozó la teoría de vender el rezago militar que quede desafectado por obsoleto. Uno no imagina qué país podría interesarse en Mirages desprogramados, en fusiles y ametralladoras agotados de tiros, o en el casco del reflotado y radiado destructor ARA Santísima Trinidad.
La directriz de la reforma en Defensa pasó por sanear el gasto como si se tratase del balance de una empresa.
El ministro y los oyentes rara vez vinculan la defensa y su implicancia con los recursos e intereses del país, la mirada estratégica y la conflictividad del tablero global. Frases como «¿para qué quieren aviones para una guerra que no vamos a tener?» o «cuando pidan dinero, piensen que construir un jardín de infantes le cuesta $40 millones al Estado» ilustran el nivel del debate.
Una voz que gana espacio en el oído del Presidente suele poner la pica en Flandes, el secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete, Fulvio Pompeo. Aunque formado en la Ciencia Política, su aporte pone cierta racionalidad sobre la misión de las fuerzas.
Pompeo calibró el momento para llamar al embajador de la Federación Rusa y trasmitir la aceptación del Gobierno al ofrecimiento de equipos que alcanzan profundidades de más de 1.000 metros ante la presunción de que el San Juan podría estar asentado a ese nivel en el lecho oceánico.
