La Cámara de Casación ordenó que el exmandatario provincial y exembajador en Israel sea trasladado a la Unidad Penal 1 de Paraná. Había sido condenado a 8 años de cárcel por peculado y enriquecimiento ilícito.

La Cámara de Casación Penal de Paraná dictó la prisión preventiva contra el ex gobernador justicialista Sergio Daniel Urribarri (2007 – 2015). La medida regirá hasta tanto la sentencia que lo condenó por cinco causas de corrupción quede firme. Este expediente fue remitido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego de que se concediera el recurso extraordinario federal presentado por su defensa.

La decisión de la Cámara se conoció esta mañana. Fue a través de un escrito de 74 páginas. Casación revocó un fallo del Tribunal de Juicio que le había impuesto otras medidas restrictivas.

Urribarri estaba residiendo en Concordia. Ahí fue buscado por personal policial, que lo detuvo y luego lo conducirá a la Unidad Penal 1 de Paraná. En la inmediaciones de su domicilio se podía observar una ambulancia. Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri que también fue condenado en la causa, será detenido pero en Paraná y luego lo trasladarán al mismo centro penal.

«(Urribarri) ya está detenido. Y Aguilera también. Se están realizando las actas pertinentes», confirmó a Infobae el ministro de Seguridad de la provincia, Néstor Roncaglia, minutos después del mediodía.

El abogado defensor del ex gobernador, Leopoldo Cappa, adelantó a este medio que apelarán la decisión de Casación, aunque aclaró que este recurso «no suspende» la detención de Urribarri y su cuñado.

En el fallo, Casación hizo propios los planteos de la Fiscalía sobre los riesgos de fuga que estaban latentes tras la sentencia y el encuadre que los tratados internacionales firmados por Argentina dan a las causas de corrupción.

«Encontrándose acreditada la probabilidad de que en libertad los condenados puedan frustrar los fines del proceso, entiendo que se encuentran motivos suficientes para anular la resolución impugnada y disponer la prisión preventiva en unidad carcelaria, teniendo en cuenta especialmente que en función de los tratados internacionales que el Estado suscribió, este proceso penal debe ser sobreprotegido, en tanto el deber de investigar, juzgar y castigar tiene una mayor intensidad cuando lo que está en cuestión son delitos de corrupción como los que aquí se juzgaron», expresó en su voto la vocal Marcela Davite. A este razonamiento adhirieron las otras dos integrantes del Tribunal, Marcela Badano y Evangelina Bruzzo.

Casación también apuntó a presuntas maniobras dilatorias de las defensas para postergar esta decisión. «Los condenados a través de sus abogados han dilatado el proceso con diversas maniobras que trasuntan o un desconocimiento de la vía recursiva, o una voluntad ex professo de no respetarla, indicadoras en sí del riesgo de frustración de los fines del proceso penal», puntualizaron las juezas en la sentencia.

En abril de 2022, Urribarri fue condenado a ocho años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua por los delitos de negociación incompatible con la función pública y peculado en las cinco causas que se tramitaron desde septiembre del año anterior en los Tribunales provinciales.

De inmediato, el ex gobernador de Entre Ríos presentó la renuncia al cargo de Embajador en Israel que ocupaba en ese momento. La noticia la recibió en Tel Aviv, cumpliendo sus funciones diplomáticas.

El fallo entendió que la instalación de un parador en la playa La Perla de Mar del Plata en enero de 2015; la difusión en medios nacionales de spots relacionados con la Cumbre del Mercosur realizada en Paraná en diciembre de 2014 y la publicación de una solicitada contra los fondos buitres eran montajes para pagar con recursos del Estado la campaña de Urribarri para posicionarse como uno de los candidatos a disputar la sucesión de Cristina Fernández de Kirchner en la presidencia de la Nación.

También se apuntó contra el ex mandatario por un esquema de cartelización de publicidad en vía pública en favor de las empresas que la Justicia entendió eran operadas por personas a las que se consideró testaferros de su cuñado Aguilera.

Por último, se lo condenó por la contratación de publicidad oficial a través de una empresa denominada Global Means, sin haber cumplido con los requisitos formales para ello.

Urribarri y su defensa, ahora también en manos del abogado capitalino Fernando Burlando, presentó sucesivos planteos en instancias superiores para revocar esta decisión. Sin embargo, el Superior Tribunal de Justicia cerró todas esas puertas en abril de este año, cuando confirmó el fallo condenatorio tras negar los últimos recursos.