El Senado salteño sancionó el primero de junio una ley para regular las protestas sociales, cortes de calles y rutas. El proyecto contaba con media sanción en Diputados y con una ajustada votación de 11 votos a favor y 10 en contra, la ley pasó al Ejecutivo para la promulgación.
Esta propuesta en su artículo 1º establece el marco para «conciliar el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión, peticionar ante las autoridades, uso del espacio público, junto a la libre circulación, preservación de la integridad física y de la propiedad tanto pública como privada, durante el desarrollo de protestas o manifestaciones públicas, cualquiera fuera su naturaleza».
Para llevar adelante el debate en la legislatura se valló el predio, ya que la propuesta es resistida por diversas organizaciones sociales que querían impedir el tratamiento. Incluso hubo decenas de autoconvocados que hicieron una vigilia en la plaza ubicada al frente de la Casa de los Leones.
De la sesión participaron 21 de los 23 miembros, 11 avalaron la ley y 10 la rechazaron. El senador capitalino y electo intendente, Emiliano Durand Cornejo, fue uno de los que apoyó la propuesta.
El senador Javier Mónico (Frente de Todos) defendió el proyecto y sostuvo que su objetivo es conciliar derechos y aseguró que «no hace referencia a limitar». En el sentido contrario, el legislador Leopoldo Salva (Evita conducción) advirtió que esta ley otorga al Estado la potestad de prohibir el reclamo si la autoridad de aplicación considera que la protesta afectará, hipotéticamente, otros derechos y decide arbitrariamente el tiempo que puede durar el reclamo.
El senador Jorge Soto (PJ), por su parte, insistió: «Para que quede claro, este proyecto resguarda la protesta. Aquí no se están cercenando derechos. Se busca conciliar con el derecho que tienen que gozar el resto de los salteños».
Qué plantea la ley motorizada por Gustavo Sáenz
Gustavo Sáenz viene de ser reelecto como gobernador en Salta, un hombre del Frente Renovador, y aceleró el tratamiento de esta propuesta que se aprobó en la Cámara Baja y rápidamente pasó por el Senado.
La ley plantea que quien desee realizar una movilización deberá notificar con 24 horas de antelación a la comisaría más cercana, detallando el tiempo de protesta, los responsables. Además, prohíbe completamente cualquier corte de acceso o vía de comunicación.
Esta aval legal a la restricción de las movilizaciones se da en un contexto de fuertes protestas docentes convocadas por los gremios y por trabajadores y trabajadoras autoconvocados.
El pasado viernes 26 de mayo hubo una fuerte represión que culminó con 19 docentes detenidos y procesados por “desobediencia judicial” e “interrupción de las vías de comunicación”.
