El proyecto de moratoria jubilatoria que tiene media sanción en el Congreso y que fue impulsado por el kirchnerismo en el Senado podría implicar el ingreso de 800 mil personas y un costo fiscal asociado de casi medio punto del Producto Bruto Interno.

Así lo estimó un trabajo realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), un centro de estudios que depende de la cámara alta y que suele medir cuál es el impacto presupuestario de distintas medidas que se discuten en el parlamento.

En ese sentido, el informe aseguró que “nuestro país se ha caracterizado por padecer serios problemas estructurales dentro del mercado de trabajo (informalidad, desocupación, subocupación, brechas de género en el nivel de los ingresos laborales y de la participación en el trabajo registrado), que han dado lugar a brechas de acceso a la seguridad social”.

“Esto impacta en forma directa en la posibilidad de adquirir el derecho a un beneficio previsional por la vía contributiva para una alta proporción de adultos mayores, que no lograrán alcanzar la cantidad de años exigida, a la vez que va en desmedro de la recaudación de los recursos que financian el sistema de seguridad social”, definió, sobre la definición y alcance que tuvieron las distintas moratorias en el sistema previsional argentino.

Nuevos jubilados por moratoria: qué costo tendría

Según se establece en su artículo 1°, se prolonga hasta el 31 de diciembre de 2022 el plazo de adhesión al régimen especial de regularización de deudas.

Esta moratoria continúa vigente para quienes cumplan la edad jubilatoria (60 años y menores de 65 años). Los períodos a incluir deben estar comprendidos entre el 1° de enero de 1955 al 31 de diciembre de 2003 y desde los 18 años de edad.

Además, la deuda puede cancelarse de contado o en un plan de hasta 60 cuotas, cuyos importes se adecuarán trimestralmente mediante la aplicación del índice de movilidad, según la información de Anses.

Para la OPC, el costo fiscal de una medida de esta naturaleza es considerable. “En cuanto al impacto fiscal que el cambio de criterio representaría, al pasar de la cobertura otorgada por la PUAM a una prestación de carácter semi-contributivo de moratoria, se aprecia que: aumentaría la cantidad de beneficiarios al anticipar en 5 años el pago del beneficio a mujeres (pudiendo acceder a partir de los 60 en lugar de los 65 establecidos en la PUAM); se produciría un cambio en el financiamiento toda vez que sería financiado por el Sistema Previsional en lugar de depender de las rentas generales de la nación; representaría un aumento del gasto presente del Sistema Previsional, al permitir el acceso a una prestación de mayor cuantía; y, también tendría impacto a futuro, por efecto de los derechos derivados que una prestación semi-contributiva origina, extendiendo el periodo de tiempo en que se devengaría la prestación”, estimó el organismo.

En ese sentido, la OPC midió el costo eventual para los dos primeros años de vigencia de la ley, en caso de ser sancionada.

“Para el año 1, la estimación de potenciales altas por moratoria de la prestación por vejez arrojó un total de 494.242 personas, 78,3% de las cuales serían mujeres. Para el año 2, las altas rondarían las 225.409 personas”, proyectó.

En detalle, “la presente estimación del costo fiscal arroja un 0,36% del PBI para el primer año y de 0,48% del PBI acumulado al segundo año.

Los factores clave que pueden impactar modificando dicho resultado potencialmente son varios: la exactitud/inexactitud de las proyecciones de la población por edad y sexo; la cantidad de años con aportes que efectivamente observan los colectivos cercanos a la edad de retiro, el grado de reemplazo entre la PUAM y la jubilación con moratoria y la magnitud de haberes medios de altas, entre los más importantes”, calculó el informe.

“Para graficar los efectos de dichas variaciones puede resultar conveniente visualizar el impacto fiscal para el primer año de vigencia respecto de una cantidad fija de casos. Así, el costo fiscal por cada 100.000 aportantes adheridos a moratoria: 0,1% del PBI”, estimó la Oficina de Presupuesto del Congreso.