El fiscal federal Ramiro González imputó al vicejefe de Gabinete Mario Quintana por posible conflicto de intereses con Farmacity e investigará si ocultó en sus declaraciones juradas información sobre su influencia en la compañía.

La causa -que radica en el juzgado de Ariel Lijo- se inició con la denuncia del abogado Daniel Igolnikov a partir del informe en el programa de Jorge Lanata y otras informaciones periodísticas respecto a los supuestos manejos de Quintana.

Lanta reveló semanas atrás que si bien Quintana tiene apenas el 3% de las acciones de la cadena Farmacity, a través de la accionista Partner se asegura el 53% de los votos en la compañía que fundó, es decir que la sigue controlando algo que no declaró ante la OA.

Días después, el viccejefe se defendió pero terminó empantanado hablando de las sociedades offshore que la empresa tiene radicadas en el estado norteamericano de Delaware, un paraíso fiscal.

En el dictamen de González -al que accedió LPO-, se recuerda que el abogado (habitual denunciante de funcionarios macristas) sostuvo que Quintana «habría participado de un conflicto de capitales públicos y privados al tener poder de decisión en la empresa Farmacity, la cual habría sido favorecida como proveedor de PAMI».

Igolnikov también denunció «presunta adulteración de documentación» por parte de Quintana para conseguir la habilitación de Farmacity en la Provincia de Buenos Aires; supuestas presiones ante la Corte Suprema para que falle a favor de la cadena; y su participación accionaria en las firmas Partner y Pegasus, a través de las cuales controlaría Farmacity, como denunció Lanata.

Ante esta presentación, el fiscal federal le solicitó a Lijo una serie de medidas de pruebas, comenzando con el requerimiento a la Oficina Anticorrupción de las declaraciones juradas de Quintana y todas las actuaciones que existan sobre el vicejefe o las firmas a las que se lo vincula.

Cabe recordar que Laura Alonso ya salió a decir que no existe ningún tipo de delito.

González también a la Inspección General de Justicia que informe la composición del directorio de Farmacity, Partner SA y Pegasus SA, con los que buscará determinar la participación de Quintana en cada una de ellas.

También requirió información al gobierno de la provincia de Buenos Aires sobre la causa contra la cadena.

Además, propuso que el Ministerio de Modernización, informe si esas sociedades son proveedores del Estado, particularmente del PAMI. Y también pidió que se secuestre el legajo -y la documentación relacionada con su contratación- de Farmacity en la obra social de los jubilados.