Tras conocerse el desplazamiento de Dilma Rousseff en Brasil, la ex presidenta Cristina de Kirchner sostuvo que el juicio político se veía venir «el día después de la reelección» de la mandataria brasileña en octubre de 2014 y añadió: «Este clima destituyente también lo vivimos en la Argentina durante mis dos gobiernos».
En declaraciones a Radio 10, Cristina calificó de «golpe institucional» la destitución de la mandataria de Brasil al advertir que la remoción de la jefa de Estado de su cargo representa una «nueva forma de violentar la soberanía popular».
«Estamos viendo una estrategia dura contra los gobiernos populares», señaló y acusó a las «superpotencias» de promover ese golpe que, dijo, «lo piensan estratégicamente a 50 años». También -añadió- «hay una apoyatura interna en el Congreso (de Brasil) y con los grandes medios para culminar en este episodio negro de la historia de la región».
La ex presidenta sostuvo que el juicio político a Rousseff «se vio venir el día después de la reelección» de la mandataria en 2014 por lo que no se sorprendió a la vez que remarcó que «este clima destituyente también lo vivimos en la Argentina durante mis dos gobiernos».
«Hay una estrategia dura y pura sobre la región de ataque a los gobiernos populares» siguió la ex mandataria y disparó: «Lograron derrocar a una presidenta democrática que había ganado con 54 millones de votos».
Más temprano, Cristina dio su opionión en redes sociales. «Se consumó en Brasil el golpe institucional: Nueva forma de violentar la soberanía popular», escribió la exmandataria sobre la destitución de su amiga y aliada. A través de sus cuentas en redes sociales, la exmandataria indicó que con el proceso de desplazamiento de Rousseff se abrió «otra vez» en Latinoamérica el «laboratorio de la derecha más extrema».
La expresidente también le envió un mensaje desde «nuestro corazón junto al pueblo brasileño» y le envió su apoyo a Dilma, a Lula y «a los compañeros del PT».
El Senado brasileño destituyó a Dilma Rousseff por 61 votos a favor y 20 en contra, en una decisión que también confirma como presidente de Brasil a Michel Temer, quien seguirá en el poder hasta el 1 de enero de 2019.
La decisión supone el fin de un trámite que comenzó en diciembre pasado en el Parlamento y fue supervisado en cada uno de sus pasos por la Corte Suprema, como garante constitucional de un juicio que Rousseff, condenada por graves irregularidades fiscales, califica de «golpe».
Rousseff conservará sus derechos políticos y los beneficios que la legislación le garantiza a los exjefes de Estado tras la decisión del Senado de despojarla del mandato como presidente de Brasil, según la sentencia leída por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski.
Además de mantener sus derechos políticos pese a su destitución, la sentencia del Senado no la priva de los beneficios vitalicios a que tienen derecho los jefes de Estado al dejar el cargo, como a ocho funcionarios públicos para atender sus necesidades y a dos vehículos oficiales.
