La investigación penal que conmociona al sistema de salud público de la provincia entra en una etapa de definiciones procesales determinantes. Fuentes judiciales confirmaron que, en el transcurso de los próximos días, el equipo fiscal interviniente dictará la prisión preventiva para Lidia Mabel Ojeda, la mujer de 43 años acusada de ejercer ilegalmente la medicina en múltiples nosocomios chaqueños utilizando una matrícula profesional usurpada.
La imputada, quien de acuerdo con los registros oficiales posee la profesión de docente de artes plásticas, permanece privada de su libertad tras haber sido localizada y arrestada en la provincia de Buenos Aires luego de una intensa pesquisa de rastreo digital y análisis telefónico llevada a cabo por las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales.
Aunque inicialmente la causa penal se abrió bajo la calificación legal de usurpación de títulos y honores en concurso real con ejercicio ilegal de la medicina, la situación de la detenida se tornó severamente más compleja debido a las presentaciones de particulares que se sumaron al expediente.
La fiscalía de Presidencia Roque Sáenz Peña evalúa actualmente un conjunto de elementos probatorios de alta gravedad, entre los que se destaca la denuncia formal del hijo de un paciente de 63 años que perdió la vida en el Hospital de Quitilipi mientras la acusada se encontraba cubriendo una guardia médica.
A este legajo se le acopló un segundo testimonio que detalla el deceso de una mujer de 74 años, a quien Ojeda presuntamente habría ordenado suministrar medicación intravenosa minutos antes de descompensarse y fallecer por un paro cardiorrespiratorio.
Debido a estas preocupantes líneas de investigación, los fiscales evalúan ampliar el objeto procesal y sumarle el cargo de homicidio culposo por mala praxis, una tipificación que fundamentaría con holgura el riesgo de fuga y el entorpecimiento de la causa, requisitos indispensables para sostener la medida cautelar de prisión preventiva.
Durante las instancias iniciales de la pesquisa criminal, las fuerzas policiales de la provincia ejecutaron órdenes de allanamiento en propiedades vinculadas a la imputada, logrando incautar evidencia clave como insumos e instrumentos de uso estrictamente clínico, documentación apócrifa relacionada con la atención de pacientes en localidades como Quitilipi y Presidencia de la Plaza, y restos de papelería incinerada donde se llegó a identificar un sello oficial perteneciente al Ministerio de Salud Pública de la Provincia del Chaco.
El avance del cronograma judicial prevé que las autoridades terminen de incorporar las pericias tecnológicas pendientes sobre los teléfonos secuestrados para resolver de forma definitiva la situación de reclusión de la falsa profesional antes del cierre del plazo legal de la presente semana.
La opinión pública y la comunidad médica de la región siguen de cerca las derivaciones de este caso, el cual encendió las alarmas sobre los mecanismos de control y auditoría estatal al momento de contratar y validar al personal sanitario que asume las guardias de emergencias en el interior chaqueño.
