El juez Aldo Alurralde, a cargo del juzdado federal de Resistencia como suplente de Zunilda Niremperger, haría lugar al pedido del fiscal Patricio Sabadini, quien solicitó la detención del intendente Lorenzo Heffner y del exsecretario de gobierno municipal, Jose Hipperdinger, su esposa Rosana Giménez y su hijo Héctor Hipperdinger.
La causa conocida coloquialmente como Lavado III tuvo avances importantes en las últimas horas y sería inminente la intervención de la comuna y la detención de las personas investigadas por la justicia.
Ayer, la legislatura aprobó una ley que solicita la intervención del municipio de esa localidad y solo resta la decisión del ejecutivo provicial, es decir que el gobernador Domingo Peppo reglamente dicha norma o la vete.
Sin embargo, según informó La Radio, uno grupo de originarios bloqueó esta mañana el ingreso del personal municipal en apoyo a la intervención, y no permitió el ingreso a ningún trabajador, incluso al mismo Intendente.
Caber recordar que este miércoles Gendarmería Nacional llevó a cabo dos allanamientos en simultáneo en la localidad de Juan José Castelli ordenados por la jueza federal Zunilda Niremperger.
Según pudo saber este medio, se trata de las escribanías de Senger y de Olga Bravo.
Lorenzo Heffner es investigado por supuesto “lavado de dinero agravado por habitualidad, ser miembros de una banda y funcionario público, en calidad de autores”.
Además, por delitos precedentes “Negociaciones incompatibles con la función pública en calidad de autor; Asociación ilícita en calidad de autor (pertenencia); Enriquecimiento ilícito, en calidad de autor; Malversación de caudales públicos en calidad de autor; Fraude en perjuicio de la administración pública en calidad de autor; Incumplimiento de deberes de funcionario público”.
Días atrás, la justicia provincial informó que también investiga al intendente desde el mes de julio. Según el Procurador General de la Provincia existen delitos precedentes por lo que se ordenaron allanamientos en domicilios de varias localidades del interior.
Esta situación repite la disputa de competencia entre la justicia federal y la provincial, tal como sucedió en el caso Lavado I, que llevó a prisión al ex Secretario General de la Gobernación, Horacio Rey.
