la Justicia salteña imputó ayer a 17 concejales y a un empleado del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación por el presunto cobro indebido del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). La investigación comenzó gracias a un informe perioíistico de un medio salteño. ,

El juez de garantías de Salta Julio Bavio imputó ayer a 17 concejales y a un empleado del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación por el presunto cobro indebido del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que está destinado a personas vulnerables que vieron reducidos sus ingresos por las medidas de aislamiento ante la pandemia de coronavirus.

Lo hizo en una audiencia luego de que el fiscal federal a cargo del Área de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, Ricardo Toranzos, acusara a los involucrados por haber cobrado indebidamente el subsidio.

En su acusación por defraudación a la administración pública e incumplimiento de sus deberes, también se incluyó la imposición de un embargo por 60 mil a cada imputado, trascendió de fuentes tribunalicias.

La investigación se inició a partir de una investigación de periodistas de FM Noticias, de Salta, que puso en evidencia el cobro irregular del IFE por parte de distintos funcionarios públicos, en su mayoría concejales que corresponden a 15 localidades provinciales distintas.

Tras el informe periodístico, el fiscal pidió informes a la oficina central de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que aportó listado de quienes cobran el IFE, pero también documentación que acompañó la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) respecto a los ingresos de los imputados y sus empleadores.

En su imputación, Toranzos recordó que el IFE está dirigido a personas que se vieron con graves dificultades para cubrir las necesidades básicas de su familia, en especial aquellas que tenían ingresos precarios y por el impacto provocado por la pandemia.

Por ello, la Fiscalía evaluó que los acusados conocían que no podían cobrar el IFE, ya que todos ellos se encuentran en una relación laboral de dependencia y son funcionarios públicos con sueldos que van desde los 20 a 60 mil pesos.

«Se trata de un hecho repudiable desde todo punto de vista», sentenció el fiscal, quien además de los concejales imputó a Luis Alberto Hosel, empleado del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.