El fiscal Sergio Cáceres Olivera confirmó la detención de cuatro policías imputados por el salvaje ataque contra jóvenes Qom del barrio Banderas Argentinas de Fontana.

El funcionario del Ministerio Público Fiscal aclaró que podría haber más detenciones por el hecho. La medida había sido solicitada hace una semana por la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, que actúa como querellante junto al Comité de Prevención de la Tortura.

Cabe recordar que la Procuración General resolvió designar al fiscal coordinador “C”, Cáceres Olivera, para acompañar a la fiscal de Derechos Humanos subrogante, Lilian Irala, en la investigación del salvaje accionar policial contra jóvenes Qom de Fontana ocurrido hace más de una semana y que – como querellantes -, actúan la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros y el Comité de Prevención de la Tortura.

El Fiscal dijo que, “entiendo que es una causa que realmente ha conmocionado a la sociedad, que es grave, porque tenemos integrantes de la fuerza policial que han agredido ferozmente a gente que está en estado de vulnerabilidad. Son cuestiones en las que nosotros, desde el Poder Judicial, como Fiscalía, tenemos que aplicar todo el rigor de la ley”.

“Entiendo que, en este sentido, debemos avanzar más fuertemente con la investigación. En el día de la fecha – este martes 9- se ha dispuesto la detención de los 4 policías que aparecen en una filmación que anduvo circulando por las redes sociales, para que comparezcan a prestar declaración como imputados”, añadió.

Los detenidos son el oficial subayudante Cristian Eduardo Foschiatti, del sargento Cristian Omar Benítez, del cabo Cristian Ariel Flores y del agente Orlando Sergio Cabrera. Fueron imputados por privación ilegítima de la libertad, vejaciones agravadas y torturas, allanamiento ilegal y apremios.

Cáceres Olivera explicó que esta medida, “es una investigación reciente. Lo que tratamos de avanzar, ahora que me he sumado a la investigación, es saber lo que pasó posteriormente, porque tenemos una parte que se ha podido grabar con un celular, pero eso no terminó ahí, siguió posteriormente. Entonces, estamos tratando de recabar probatorios para saber qué fue lo que pasó luego y si hay algún otro personal policial involucrado”.

“Hay declaraciones testimoniales que aún faltan producirse, entre otros elementos de prueba, pero estamos con la parte querellante; una de ellas es la Secretaría de Derechos Humanos, que es la que está trabajando en lo que es la contención psicológica y emocional para que las demás personas que faltan declarar – víctimas de este hecho – puedan hacerlo y estén en condiciones”, subrayó.

”Tengamos en cuenta también que es necesario, en este tipo de casos, contar con un traductor y adoptar la manera para que las personas que han padecido algo tan violento por parte de personal policial, puedan sentirse en la confianza de declarar libremente y contar detalladamente todo lo que pasó”, recalcó el Fiscal.

Cáceres Olivera aclaró indicando que, “considero que la fuerza policial, y lo digo como fiscal y ciudadano, están para proteger a la ciudadanía. Sé que la gran mayoría de los policías están día a día arriesgando la vida en la calle, sufriendo frío y calor, o con las lluvias, cuidándonos en esta situación tan especial que estamos atravesando con el Covid. Pero también está la mala Policía’. Y este accionar violento de ingresar a un domicilio en horas de la madrugada, donde golpearon salvajemente a personas que están en situación de vulnerabilidad, es algo que no se puede admitir ni permitir en la democracia”.

”Entendemos como Ministerio Público Fiscal que debemos aplicar todo el rigor de la ley, y disponer la detención, en principio, de estos cuatro policías involucrados; y posteriormente seguir investigando para ver si no hay más personal que haya intervenido en este hecho grave y lamentable”, finalizó.

Días atrás, la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros se constituyó en querellante y pidió la detención de todos los autores involucrados identificados hasta el momento.

Además, desde el organismo se pidió el apartamiento de la Policía de la investigación, como también medidas de prueba para determinar responsables, y un tratamiento adecuado, con perspectiva de género e indigenista, a todas las víctimas.