En la Justicia sostienen que entre lo secuestrado hay material que permite confirmar la extorsión a Etchebest.

El acusado pidió un hábeas corpus y declaró que todo lo que hizo fue por pedido de dos agentes de la AFI. El juez Ramos Padilla pidió medidas a la Procuración.

Cuando allanó la casa del abogado Marcelo D’Alessio –el supuesto operador del fiscal Carlos Stornelli–, el juez federal Alejo Ramos Padilla secuestró tras 12 horas, 47 bolsas de material de todo tipo: encontró armas de altísima tecnología, una placa de la Drug Enforcement Administration, remeras del FBI, chalecos antibalas, equipamiento tecnológico de espionaje, vehículos de alta gama con balizas de las fuerzas de seguridad, y fundamentalmente computadoras, celulares, una enorme cantidad de documentación y anotaciones que están siendo aún analizadas.

Según trascendió en los tribunales de Dolores, hay material que confirmaría los propios dichos extorsivos de D’Alessio ante el empresario Pedro Etchebest, que denunció la maniobra, y su participación en actividades de investigación e inteligencia.

Para determinar el papel que le cabe a Stornelli en esta historia, el juez le pidió medidas específicas (sobre el fiscal y sus colaboradores) al Procurador General Interino, Eduardo Casal, que como jefe de todos los fiscales tiene facultades de superintendencia. D’Alessio produjo un movimiento asombroso cuando en la madrugada del martes se presentó en el Juzgado Penal número 2, en turno para los habeas corpus, y declaró que lo que hizo fue en el marco de una investigación que le pidieron dos agentes orgánicos de la Agencia Federal de Inteligencia y parece que dio nombres.

El eje de la investigación, que está a cargo de Ramos Padilla, es esclarecer si se cometieron los actos extorsivos que describió Etchebest en su denuncia, donde relató que D’Alessio lo contactó para decirle que corría peligro de quedar preso en la causa de los cuadernos pero que tenía la posibilidad de salvarse pagando 300.000 dólares.

Ante el empresario, D’Alessio hacía gala de su relación con el fiscal Stornelli, se jactaba de hacer tareas de inteligencia y de colaborar con investigaciones importantes de su fiscalía, así como con el periodista Daniel Santoro.

El empresario entregó capturas de pantalla de chats que le reenviaba D’Alessio que mantenía con el fiscal, en alguna de las cuales el abogado le dice “lo de Pedro (se infiere que Etchebest) yo me encargo personalmente de este sujeto”, horas de grabación de sus conversaciones con él (como el viaje a Pinamar donde van al encuentro de Stornelli), fotos y hasta fotocopias y la numeración de los billetes con los que pagó un adelanto de 9700 dólares.

Un punto central de la pesquisa de Ramos Padilla es desentrañar el verdadero papel de D’Alessio y para quién efectivamente trabajaba.

No se sabe a ciencia cierta si este excéntrico personaje, conocido por buena parte del mundo periodístico y del poder, era efectivamente un agente y tampoco de qué organismo. La ministra Patricia Bullrich intentó mostrarlo como alguien poco creíble y desequilibrado. “Tiene algún tipo de problema”, dijo.

Sin embargo, a juzgar por los hallazgos en su casa no parece un improvisado. Ni los policías y prefectos que participaron del allanamiento podían creer lo que veían en su casa.

Entre otras cosas, encontraron armas carísimas y difíciles de conseguir como una escopeta marca Kel Tec Modelo KSG calibre 12 UAB con un cañón de 380 a 599 milímetros que almacena 16 cartuchos.

En medio del procedimiento, en la casa del abogado en el barrio privado Saint Thomas Este de la localidad de Canning, el juez, los secretarios y los agentes empezaron a encontrar material que sería de actividades de inteligencia.

D’Alessio reaccionó a los gritos y amenazó a Ramos Padilla con llamar a Bullrich y a Gustavo Arribas, titular de la AFI, con el argumento de que no podían ver esa documentación, entre las cuales dijo que había investigaciones sobre terrorismo que implicaban a Hezbolá.

La otra pregunta que deberá responder la investigación es si cumplía órdenes de Stornelli o si trabajaban en tándem o de qué modo. Parte de ese vínculo tal vez se pueda dilucidar en función del peritaje de los teléfonos celulares, computadoras y dispositivos de almacenamiento secuestrados.

De todos modos, Ramos Padilla mandó un oficio al procurador en el que le pide una serie de medidas “tendientes a la averiguación de la verdad en torno al alcance de la vinculación o participación del titular de la Fiscalía nacional en lo Criminal y Correccional 4 de Capital Federal, Dr. Carlos Stornelli, sus empleados, funcionarios y colaboradores en los hechos materia de investigación”.

Le pide que actúe como jefe del organismo y “titular del ejercicio de superintendencia” para “clarificar estos acontecimientos, como así también garantizar que no se pierda la información y prueba necesaria…” Lo más probable, según anticiparon en el organismo, es que Casal considere el pedido improcedente y le indique que actúe el fiscal de la causa, Juan Pablo Curi.

Por el tenor de la denuncia que, finalmente, después de cinco días, presentó Stornelli, comenzará una ofensiva para sacar a Ramos Padilla del camino y llevar la causa hacia Comodoro Py.

Ya comenzaron las publicaciones para denostarlo, intentando vincularlo al kirchnerismo, y en la denuncia de Stornelli se incluye una mención a que una parte de los hechos (como el pago) ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires.

La denuncia fue radicada en Dolores porque es el juzgado que corresponde a Pinamar, donde se había configurado el núcleo de la operación, que era el acuerdo para un pago de 300 mil dólares.

Además del allanamiento y el análisis de toda la documentación –que el juzgado abrió luego en una audiencia en presencia de D’Alessio– se pidieron análisis de comunicaciones, cámaras del balneario CR de Pinamar, donde el 8 de enero concurrieron el abogado y Etchebest al encuentro de Stornelli; cámaras del Hotel Alvear Icon y la confitería Selquet, donde se realizaron pagos parciales el 23 y 24 de enero.

Habrá que ver también en qué deriva la extraña movida de D’Alessio, quien declaró a la una de la mañana de ayer en el juzgado de Habeas Corpus. Según parece, habló durante cinco horas donde dijo estar siendo perseguido, que lo hostigaban y seguían con autos no identificados y que temía tanto por su vida como también por la posibilidad de quedar preso.

Recurrió a un argumento risueño: que le pidió dinero a Etchebest para ver de dónde salía la plata, ya que investigaba “la ruta del dinero K”. Según dijo en esa declaración que quienes lo mandaron a investigar fueron agentes de la AFI.

La invocación mete otra vez al gobierno de Mauricio Macri en el medio del caso, ya no sólo manipulando la causa de las fotocopias de los cuadernos, sino también escuchando ilegalmente a personas detenidas y hasta mezclándose en una jugada de extorsión perpetrada por un operador preferido de muchos periodistas e invocando a un fiscal con el comparte horas y horas en encuentros en un parador de Pinamar.