Los líderes de las principales bandas que coparon la venta de drogas en Rosario están presos y distribuidos en cárceles federales y provinciales pero indistintamente, desde la reclusión siguen al frente del negocio, ordenan asesinatos e imparten órdenes a sus familiares y soldados, como quedó expuesto en más de una oportunidad en los juicios a Los Monos, Alvarado, Funes y Ungaro, entre otros.
Esto es posible porque los narcos presos acceden a teléfonos celulares casi sin inconvenientes con los cuales digitan el delito. El colmo de esta situación se vio en Marcos Paz cuando allanaron el pabellón donde estaba Guille Cantero, uno de los jefes de Los Monos, y en su celda encontraron un teléfono de línea.
Esta situación inentendible puso en el foco de las críticas a la ex jueza María Laura Garrigós de Rébori, interventora del Servicio Penitenciario Federal y ex presidenta de la agrupación Justicia Legítima y al ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, por no tomar medidas para evitar que los presos de alto perfil, como se llaman a los líderes narco, continúen extendiendo el terror en Rosario.
El problema que señalan en Santa Fe y que también inquieta a la justicia federal, es que tanto Garrigós de Rébori como Soria consideran que las medidas preventivas orientadas a neutralizar el contacto de peligrosos presos con el exterior atentan contra los derechos humanos de los reclusos.
El tema es de una profundidad enorme y el intendente de Rosario, Pablo Javkin, definió a los penales como «coworking del delito» por las facilidades con las que los narco monitorean sus actividades. De hecho, la mayoría de los asesinatos que ya asciende a 106 en lo que va del año, son consecuencia de la guerra entre bandas y una gran parte de sus víctimas suelen estar vinculadas al mercado ilegal de drogas.
El problema que señalan en Santa Fe y que también inquieta a la justicia federal, es que tanto Garrigós de Rébori como Soria consideran que las medidas preventivas orientadas a neutralizar el contacto de peligrosos presos con el exterior atentan contra los derechos humanos de los reclusos
Actualmente, la situación carcelaria de Santa Fe está desbordada y el gobernador Perotti anunció la construcción de más de 900 nuevas plazas y fue uno de los temas abordados en varias oportunidades con el presidente Alberto Fernández.
Mientras tanto, este martes sicarios pasaron por la sede administrativa en Rosario del Servicio Penitenciario y dispararon al menos cuatro tiros contra el frente. No es la primera vez que balean el edificio de avenida Pellegrini y Alsina ni que amenazan a la repartición; el 10 de enero de 2020 y el 24 de enero último recibieron ataques similares. En esta oportunidad dejaron un cartel con la leyenda: «Para Centurión deja de verdugiar a los altos perfil» (sic) y de firma lleva «La Mafia».
En cuanto a Centurión, a quien está dirigido el mensaje, desde el Ministerio de Seguridad no supieron dar precisiones sobre a quién aluden pero aseguran que se trata de intimidaciones que suceden cuando se intensifican las requisas en las celdas de los presos peligrosos como sucedió cuando se sufrieron los ataques anteriores
