El Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia del Chaco brindó detalles respecto a la resolución 676 que regula el uso de dispositivos móviles o celulares en personas que se encuentran privadas de su libertad en Comisarías y dependencias del Servicio Penitenciario y de Readaptación Social de la provincia. Según detallaron, el Estado no proveerá los aparatos y los celulares deberán registrarlos debidamente. 

A través de un comunicado, el ministerio de Seguridad explicó que la medida se tomó «en el marco de la garantía de derechos establecidos en tratados internacionales y en la Constitución».

Además, detallaron que se han realizado «revisiones y entrevistas» con los presos para finalmente llegar a la conclusión de que «el uso de celulares en épocas de aislamiento social por la pandemia del COVID-19 permitió garantizar derechos como el acceso a la información, la comunicación, la educación, la salud, e inclusive la reinserción laboral y social».

Asimismo, en su requerimiento, el Comité de Prevención de la Tortura de la provincia del Chaco destacó que «la utilización de dispositivos móviles en las dependencias policiales y penitenciarias ha venido a facilitar y promover el acceso a la educación, a la información, a la consolidación de vínculos familiares y afectivos, al acceso a derechos culturales, entre otros».

También afirmó que «los dispositivos han contribuido a la prevención directa de casos de torturas o malos tratos, así como al acceso de justicia, y a posibilitar el contacto directo de las personas privadas de libertad con los mecanismos de protección de Derechos Humanos». Sobre este punto, aclararon que el Ministerio de Seguridad y Justicia «ha intervenido e interviene de forma rápida, cumpliendo con la reglamentación establecida».

Los dispositivos podrían ser incautados y causales de actuaciones administrativas o denuncias penales si fueran usados indebidamente para amenazas y delitos informáticos incluidos en el Código Penal. La Secretaría de Derechos Humanos y Géneros trabajará en conjunto con el Ministerio de Seguridad y Justicia para promover el uso seguro y responsable de celulares en las personas privadas de su libertad.

SOBRE EL PROTOCOLO 

El documento se redactó de forma conjunta con la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de la provincia, Policía del Chaco, Servicio Penitenciario, Superior Tribunal de Justicia, Ministerio Público Fiscal, Ministerio Público de la Defensa, y Comité para la Prevención de la Tortura de la provincia.

El protocolo contempla tanto los teléfonos celulares como los ordenadores, notebooks, tablets, etc. Según dijeron, el objetivo «esencial» es «facilitar el contacto con familiares, el desarrollo educativo y cultural, y el acceso a información sobre su situación procesal, así como también una comunicación constante con su defensor oficial o particular para acceder al derecho a una defensa eficaz, tal como lo establecen los pactos internacionales en materia de Derechos Humanos a los que Argentina se encuentra adherida».

Los dispositivos bajo el poder de los reclusos estarían registrados debidamente a nombre de una persona a la que Seguridad hace «responsable de todas las comunicaciones realizadas a través de los mismos». También existiría una «declaración jurada se establece que no sean producto de la comisión de algún delito». 

Además, aclararon que el Estado «no será quien provea los dispositivos móviles o celulares a las personas privadas de su libertad sino que serán ellos mismos o sus familiares quienes deberán acercar el aparato».

Sin embargo, aclararon: «Si una persona privada de su libertad no cuenta con recursos para acceder a un dispositivo móvil, el Estado, a través de la Unidad Policial o del Servicio Penitenciario, deberá garantizar el derecho a la comunicación con el grupo familiar, defensor ya sea a través de computadoras, teléfonos fijos o celulares que se encuentren dentro de la dependencia en la que la persona se encuentra alojada».