Luego de que se conociera un informe del Juzgado de Garantías N° 3 de Resistencia, a cargo de Rosalía Zózzoli, que cuestionó la investigación del Equipo Fiscal Especial sobre el robo de 200 toneladas de leche del Ministerio de Salud Pública en 2018, Nélida Villalba confirmó que la jueza fue recusada ya que “no tiene facultades para hacer esto”.

Villalba detalló que la recusación a Zózzoli es por dos causas: “en la originaria del robo de la leche y en una segunda causa que investiga al ex-ministro de Salud Pública, Luis Zapico.

Hemos planteado la recusatoria porque ella -por Zózzoli- ha emitido opiniones, ha salido en los medios, y ha hecho un informe de toda la causa, que no corresponden», advirtió.

El informe del 14 de febrero, que lleva la firma de Zózzoli, destaca que «existían elementos suficientes para investigar el accionar del titular a cargo del ministerio de Salud Pública y otros que se desempeñaron en aquel ámbito», pero no se realizó.

Además, la jueza se refirió al informe realizado por el Tribunal de Cuentas de la provincia, al que evaluó como «una amplia tarea concretada» en relación a la causa «Leche Robada”, pero sin embargo ese informe del organismo de contralor “no fue agregado a la investigación”.

Ante esto, consultada por Julio Wajkman en su programa «La Mañana de Julio», por FM La Radio, Villalba, que integra el equipo fiscal junto a Graciela Griffith Barreto y Lucio Otero, afirmó que “un juez de Garantías es el juez de control, por lo tanto interviene en un expediente o en una investigación cuando se le solicita intervención”.

«No se debe, no está previsto, no es correcto, no es legal la elaboración de ese informe y mucho menos vamos a permitir que se ponga en tela de juicio nuestro honorabilidad”, sostuvo.

Por otra parte, y en respuesta al cuestionamiento por no investigar el accionar del titular a cargo del ministerio (Luis Zapico, en ese momento), Villalba detalló que «en octubre de 2019 el equipo fiscal especial formuló un requerimiento de elevación a juicio contra determinadas personas y, en la misma fecha, le solicitamos a la jueza de Garantías la investigación jurisdiccional porque era ministro de Salud -por Zapico- en ese momento y ella era la única que podía hacer la investigación por ser él un funcionario público».

“Ahí es donde se formó un expediente nuevo, que al dejar de ser Zapico ministro de Salud, volvió a la órbita del equipo fiscal, puesto que ya había dejado de ser funcionario público”, explicó.

La fiscal también aclaró que el equipo del que forma parte investiga desde el momento de la licitación por la compra de la leche hasta el robo.

«Todo eso está en el requerimiento a elevación a juicio firme, todo eso está en el expediente y toda esa prueba fue controlada por la jueza de Garantías Nº 3. Por eso no debe y no puede, no es legal y es contrario a toda normativa procesal que venga a cuestionar lo que el equipo fiscal hizo o dejó de hacer, no es competencia del juez de Garantías hacer eso», remarcó.

Explicó que al hacer el requerimiento «advertimos que había una prueba o seguimiento que comprometía al funcionario, y por eso le solicitamos una investigación jurisdiccional a la jueza».

En cuanto al estado actual de la causa, Villaba indicó que «el expediente que investiga el robo de la leche está con requerimiento a elevación a juicio, hay prisiones preventivas que se encuentran firmes, las que se realizaron en contra de José LuisMaidana, Ramón Acosta, Pablo Fortini, mientras que hay dos cordobeses que ya recuperaron su libertad por orden de la Cámara de Apelaciones. «Faltan unas audiencias, pero nosotros acabamos de pedirle a la jueza su apartamiento por su imparcialidad», señaló.

EL HECHO

De un depósito sin luz eléctrica, sin la instalación de alarmas y sin personal que custodie, se llevaron 200 toneladas de leche fortificada para niños desnutridos del interior de la provincia.

El galpón era alquilado por el ministerio de Salud Pública y hoy, hay tres funcionarios implicados, más seis personas detenidas, entre ellas, una empleada del ministerio a cargo del cuidado de la leche.

 Si bien en un principio informaron que la cantidad que se llevaron era de unos 100 mil kilogramos, se supo después, que el total sumaba el doble.

La indignación generalizada- que se sumó a la ya suscitada por las detenciones de los funcionarios de gobierno a principio de año- dejó entrever una falta de apego por la administración y el cuidado de lo público.

La denuncia por el robo de la leche se produjo el miércoles 12 de septiembre, día en que a su vez, se hizo pública. Sin embargo, fue el viernes 7 cuando se produjo el robo, según indicaron desde la cartera de salud.