A poco más de un mes de la reactivación de la causa contra Emerenciano Sena por trata de personas, el fiscal federal Patricio Sabadini realizó el requerimiento de instrucción judicial y pidió que se le tome declaración indagatoria al dirigente piquetero, a su esposa Marcela Acuña y a Osmar Quintín Gómez acusados de defraudación a la administración pública.

La causa surgió a raíz de la denuncia que hizo Sergio Schoklender en 2010, cuando todavía estaba al frente del programa Sueños Compartidos.

Acusaba al piquetero, entre otros delitos, de someter a la servidumbre a las personas que trabajaban en un predio ubicado sobre la ruta 11.

La investigación se reactivó tras conocerse el caso Cecilia Strzyzowski y hoy los tres mencionados en esta causa se encuentran detenidos por otras causa: el matrimonio Sena por el femicidio de su nuera y Quintín Gómez por un supuesto abuso sexual.

La denuncia de más de 30 personas y alguno de los relatos de ellos, hacen que Sena, Acuña y Gómez estén involucrados en el supuesto delito de trata de personas con fines de explotación laboral calificado por haber sido cometido por tres o más personas y por el número de víctimas.

Sabadini entiende que los dirigentes habrían captado a los denunciantes al ofrecerles trabajo, «engañándolos haciéndoles creer que tendrían buenas condiciones laborales y que serían los dueños de las casas que ellos mismos construirían».

«Los acusados además se han valido del uso de violencia, amenazas y hostigamiento de toda índole, como insultos y maltratos psicológico, desvalorización, para mantenerlos en esa situación de subordinación, ante el riesgo constante de quedar sin trabajo», relata y agrega el abuso de autoridad que aparentemente ejercieron

«No solo los trabajadores fueron obligados a cumplir extensas jordanas laborales, sino que también eran obligados a asistir a las manifestaciones organizadas por el movimiento que se realizaban fuera de la jornada laboral«, añadió el fiscal.

Otro de los comportamientos endilgado a los imputados tiene que ver con la retención e impago de salarios. Operarios declararon «que algunos meses no cobraron mientras realizaron el alambrado y cercado del predio, también cuando manifestaron que parte del salario que percibían debía ser entregado obligatoriamente para la mantención del movimiento , sea para la compra de herramientas, ropa de trabajo alimentos, realización de remeras y pancartas ect. o cuando les entregaban comprobantes por un salario menor al que realmente percibían».

Por si no fuera suficiente, surge de la declaración de los obreros, que pudo haber engaño y falsas promesas sobre el tipo y las condiciones trabajo, restricciones de salidas en el lugar de trabajo, falta de posibilidades de higiene, seguridad y alimentación adecuada y coacción psicológica (amenazas) y maltrato verbal.

La investigación que compromete a los Sena podría ser el delito precedente al supuesto lavado de dinero, delito que podrían imputarle, por los más de $ 5 millones encontrados en la Santa María de Oro al 1.400 el día del allanamiento por el caso Cecilia, aquel 9 de junio que terminaron detenidos.