Si bien hubo un arreglo por el cual 400 familias dejarán de manera pacífica los terrenos tomados, hay otra parte que no se sumó al acuerdo. 

En ese sentido, se tuvo acceso al documento por el cual la jueza federal Zunilda Niremperger confirma para el próximo lunes desde las 6 de la mañana el procedimiento de desalojo. La toma del terreno que pertenece a la Nación data del 21 de septiembre.

En el lapso hasta este 1 de noviembre sucedieron distintas cuestiones, entre las cuales se programó un desalojo pero finalmente de lo desactivó para entrar en un proceso de negociación. 

La magistrada federal Zunilda Niremperger convocó a la ministra de Desarrollo Social de Chaco en representación de la provincia y al delegado de la Agencia de Administración de Bienes del Estado como parte de Nación, pero a la audiencia solo compareció Silvana Tayara, la titular de la cartera social. 

Allí se solicitó pasar a un cuarto intermedio para efectuar un censo de las familias que verdaderamente tienen problemas habitacionales, un proceso de “depuración”, dijeron a este medio. Además, también se abrió un proceso de negociación con los delegados de los grupos que usurparon los terrenos, que suman unas 400 familias.

Así se logró un acuerdo con 15 de los 16 delegados, quienes se retirarían del lugar de manera voluntaria. 

Ese acuerdo supone una prioridad de las familias que se retiran del lugar público serán tenidas en cuenta cuando se urbanice el espacio. Pero tal como se nombró más arriba, el arreglo no fue con la totalidad de los delegados y Niremperger ya confirmó que se procederá con el desalojo. 

En una nota enviada al presidente del Comité de Prevención de la Tortura -entidad que el 8 de octubre había recomendado suspender un desalojo programado-, la jueza federal indica que el próximo lunes 4 de noviembre a las 6 de la mañana comenzará el operativo en las instalaciones del Ejército Argentino “dejándolo libre de ocupantes”.

 Tras el acuerdo nombrado, el desalojo sería contra menos usurpadores que los que tomaron el predio. 

El presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, Aníbal Ponti, que intervino en las negociaciones entre la Justicia y los delegados, contó este viernes que varias familias “no vivían en esos predios, solo pernoctaban”, por lo que “volverán al lugar donde estaban”. Sucede que muchas de ellas, “tenían casos problemáticos, mujeres que padecían violencia de género, violencia familiar, había una madre con siete hijos, y casos similares”.

 Para estos casos, explicó Ponti, “fue el Ministerio de Desarrollo Social junto a la Secretaría de Derechos Humanos fueron quienes se hicieron cargo”. Por otro lado, indicó: “La jueza me dice que hay construcciones y si, tiene razón, eso es ilegal, pero nosotros dimos por finalizado nuestra intervención, tras firmar el acuerdo con la mayoría.

Ahora depende de que el ministerio de Desarrollo Social solicite suspender los desalojos, pero la jueza es quien decide que se hará.