El fiscal federal Carlos Amad imputó a la intendenta de Enrique Urien, Liliana del Carmen Pascua, acusada de irregularidades en la ejecución y adjudicación de viviendas destinadas a pueblos originarios.
La denuncia, a cargo del diputado radical Alejandro Aradas, dejó al descubierto que seis de las viviendas que estaban destinadas a familias muy humildes de pueblos originarios, terminaron siendo ocupadas por la propia intendenta Liliana Pascua y sus familiares, entre los que se encuentra su madre, su cuñado, un tío quien es subsecretario de gobierno, entre otros dos allegados.
En la ampliación de la denuncia del diputado, también se hizo referencia a supuestas irregularidades en las facturaciones presentadas y en las contrataciones de las empresas constructoras de dichas obras que estaban contempladas en el marco del “Programa Federal de Viviendas y Mejora de Habitat de Pueblos Originarios y Rurales”.
DELITOS APLICABLES
Según la presentación del fiscal, son aplicables en la causa las figuras penales de Malversación de Caudales Públicos en Concurso Real; Enriquecimiento Ilícito; Fraude en perjuicio de la Administración Pública; Lavado de Dinero y Evasión Agravada por la Conformación de Facturas Apócrifas.
De esta manera, la imputada fue citada a prestar declaración indagatoria el miércoles 14 de abril de 2021 a las 9:00, en el Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña. También pidió que sean citados a declarar la víctima de la facturación falsa, el ex secretario de Gobierno de la localidad, el titular de la cooperativa “El constructor” y requirió otras medidas.
ANTECEDENTES DE LA CAUSA
El 23 de octubre del año pasado, el fiscal federal Patricio Sabadini solicitó el juicio penal para la intendenta de Enrique Urien, tras las irregularidades que venían siendo denunciadas por el diputado radical, Alejandro Aradas.
Una semana más tarde, la jueza Zunilda Niremperger (Juzgado Federal N° 1 de Resistencia) se declaró incompetente para llevar adelante esta causa, por lo cual se la derivó al Juzgado Federal de Primera Instancia de Sáenz Peña.
Tras conocerse el cambio de jurisdicción, el legislador radical que denunció los hechos se mostró sorprendido por la decisión de Niremperger.
“Si es por una cuestión geográfica, en el Juzgado Federal de Resistencia se investigaron las causas por malversación de fondos en construcción de viviendas en las localidades de Villa Rio Bermejito, Presidencia Roca y Juan José Castelli. ¿Por qué no se podría también incluir los graves delitos ocurridos en Enrique Urien?”, cuestionó en esa oportunidad.
