La Cámara de Apelaciones de Resistencia ratificó la medida cautelar contra los efectivos policiales implicados en el millonario robo de estupefacientes.
La Justicia considera que existen pruebas suficientes sobre la participación de los uniformados en una organización dedicada a la «mejicaneada» de cargamentos narco.
El Poder Judicial del Chaco dio un paso decisivo en una de las causas más sensibles que involucran a las fuerzas de seguridad provinciales.
En las últimas horas, la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Resistencia confirmó la prisión preventiva para los últimos efectivos policiales que permanecían detenidos bajo sospecha de integrar una red delictiva dedicada al robo de cargamentos de droga, una maniobra conocida en la jerga criminal como «mejicaneada».
La resolución judicial desestima los planteos de las defensas y convalida la investigación que lleva adelante el equipo fiscal, la cual señala a los uniformados como piezas clave en el desvío de estancias de estupefacientes —principalmente cocaína y marihuana— que habían sido detectados en operativos o mediante información privilegiada de la propia fuerza.
Con esta confirmación, los imputados deberán permanecer en sus lugares de detención mientras se avanza hacia la instancia del juicio oral y público.
El caso, que generó un fuerte cimbronazo institucional en la Policía del Chaco, se originó tras una serie de denuncias y cruces de información que revelaron un «modus operandi» sistemático.
Según las pruebas recolectadas, los agentes utilizaban su investidura y recursos del Estado para interceptar a traficantes, apoderarse de la mercadería y reingresarla al circuito ilegal para beneficio propio.
La gravedad de los cargos incluye delitos como asociación ilícita, robo agravado por la condición de funcionario público e incumplimiento de los deberes de oficio.
Desde la cúpula judicial subrayaron que la decisión de mantener la prisión preventiva responde al riesgo procesal que representaría la libertad de los agentes, dada su capacidad de influir en testigos o entorpecer el hallazgo de nuevas pruebas.
La complejidad del expediente sugiere que la red podría haber contado con ramificaciones en distintas jerarquías, lo que mantiene abierta la posibilidad de nuevas detenciones en el corto plazo.
Este fallo de la Cámara de Apelaciones representa un respaldo a la transparencia institucional y a la depuración de las fuerzas de seguridad.
Mientras la investigación prosigue con el peritaje de comunicaciones y el análisis de activos de los involucrados, la comunidad chaqueña aguarda que el proceso judicial arroje luz sobre el alcance total de esta organización y garantice que los responsables reciban las penas correspondientes por vulnerar la seguridad pública que juraron proteger.
