El fiscal federal Patricio Sabadini pidió la elevación a juicio para Vanesa López, imputada por realización de maniobras vinculadas al delito de lavado de activos.  En esto también están involucrados su concubino Walter Liva y su hermano Claudio Rubén Ojeda como coautores.  

Según explica el fiscal, la instrucción sumarial se encuentra completa y ya están dadas las condiciones para la elevación. 

Las tres personas tienen a su nombre vehículos y motvehículos que «no condicen dichos incrementos patrimoniales con sus perfiles laborales, fiscales y económicos». 

Sus ingresos registrados son como empleados públicos de la Provincia del Chaco, y recibían haberes en febrero del 2021 de $22.782,14 (López), $19.437,94 (Liva) y $32.086,81 (Ojeda). Mientras que los vehículos a sus nombres incluyen unidades de hasta $ 1.500.000 (adquirido en 2019) .  

EL CASO

Todo comenzó cuando el jueves 18 de febrero de 2021, alrededor de las 22 horas, encontraron dos camiones con mercaderías de Desarrollo Social destinadas para el Barrio Toba en cercanías de un supermercado de Las Garcitas, a más de 130 kilómetros de su destino original.

La Policía llevó adelante el operativo luego de que un hombre de 40 años, empleado del Ministerio de Desarrollo Social, reconociera que cuando se estaba retirando la mercadería de la sede había un camión del supermercado.

Tras la intervención policial, secuestraron dos camiones una marca Mercedes Benz color Rojo y uno Marca Ford blanco, con los alimentos y desde allí comenzó la investigación.

En un primer momento, el juez Ricardo Alcides Mianovich, titular del Juzgado Federal N°2 de Resistencia, evaluó que López, referente social del «Movimiento Los Jóvenes», obtuvo mercaderías a través del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia del Chaco, para la distribución entre vecinos y personas de carentes recursos económicos en localidades del interior de la provincia. Esas mercaderías presuntamente eran desviadas y posteriormente se realizaba su venta a terceros, a partir de cuya actividad ilícita podría colegirse la obtención de importantes ganancias ilícitas y con ello proceder a numerosas compras de bienes registrables que no condicen con los perfiles patrimoniales, fiscales y económicos de López, Liva y Ojeda . 

Ello permitió inferir que sería materialmente imposible que los imputados adquieran esa cantidad de bienes registrables sin tener un ingreso considerable o paralelo u otra actividad económica, que permitan justificar sus ingresos para proceder así a las compras de esa gran cantidad de rodados.

Es así que estiman las ganancias producto de la actividad ilegal generarían un incremento patrimonial considerable, que se ve reflejado en la compra de numerosos automotores y ciclomotores, todo ello a nombre de los imputados.