PRONÓSTICO EXTENDIDO

Por los casos de abuso en Independiente, se producen varios allanamientos y orden de detención para el árbitro

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La fiscal que investiga los casos de abusos sexuales denunciados por los adolescentes que viven en la pensión de Independiente y juegan en las inferiores del club, pidió la orden de detención del árbitro Martín Bustos tras haber sido involucrado como parte de una red de prostitución infantil según las primeras declaraciones testimoniales.







Esta madrugada, fueron allanados tres propiedades del réferi.

Los operativos se realizaron en un departamento de San Isidro, que habría sido mencionado por el chico de 14 años que contó los abusos sexuales ante el psicólogo de la pensión, otro de Trenque Lauquen, de donde el árbitro es oriundo, y el tercero, en la casa de los padres de Bustos, en el barrio privado Haras Santa María.

El pedido de detención y allanamiento fueron las primeras acciones tomadas en la causa, que hasta ahora fue caratulada como abuso sexual y facilitación de la prostitución, radicada en la UFI 4 de Avellaneda, a cargo de la fiscal María Soledad Garibaldi.

Por el momento, no hubo un pedido de detención para el jugador de cuarta división, identificado por las iniciales J.V., que fue señalado como el nexo entre los adolescentes y los abusadores.

El jefe distrital de Trenquen Lauquen, Fabián Mattioli, confirmó que el padre del árbitro ahora buscado por la justicia había sido condenado el año pasado por un delito similar de abuso sexual a menores.







«Jorge Horacio Bustos tenía una causa en la que estaba imputado por un hecho similar (por el que investigan a su hijo) en Trenque Lauquen, aunque desconocía que ya había una sentencia», dijo a la prensa Mattioli.

Asimismo, el jefe policial de aquella localidad contó que el allanamiento de ayer a la noche resultó «negativo» porque el año pasado «la familia Bustos vendió la casa y se fue a Escobar».

Según fuentes judiciales, Bustos padre fue condenado por abuso sexual a tres años de prisión en suspenso e «inhabilitación de 10 años para conducir y/o realizar cualquier actividad donde se encuentren inmersos menores de edad», vigente hasta abril de 2027, por hechos ocurridos cuando trabajaba como chofer de un micro de transporte escolar.