Se trata de Leopoldo Daniel Carrena, acusado de varias maniobras de lavado de activos vinculadas a la organización que liderara el fallecido abogado y empresario Carlos Salvatore. También se logró secuestrar documentación, computadoras, teléfonos, dinero en efectivo en moneda extranjera y vehículos. El operativo, que se realizó en la ciudad de Mar del Plata, fue ordenado por el juez federal de Sáenz Peña, Ricardo Mianovich, por pedido de los fiscales federales.

En el marco de la investigación por hechos de lavado de activos de origen ilícito relacionados con una de las causas más emblemáticas de narcotráfico, conocida como “Carbón Blanco”, a partir de la presentación del Ministerio Público Fiscal el Juzgado Federal de Roque Sáenz Peña, a cargo de Alcides Ricardo Mianovich, dispuso la realización de una serie de medidas cruciales para el avance del proceso, según informó hoy el sitio Fiscales.

El pedido se realizó en el marco de la investigación en la que se analiza la conducta de algunos eslabones de la organización. Intervienen en representación del MPF los fiscales Federico Carniel y Carlos Amad junto con los fiscales de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Mario Villar y Laura Roteta.

Las medidas fueron llevadas a cabo con éxito el lunes en Mar del Plata a través de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Se trató de una serie de allanamientos, órdenes de presentación y la detención del operador financiero Leopoldo Daniel Carrena, acusado de intervenir en varias maniobras de lavado de activos, algunas con ramificaciones en Estados Unidos de América. En los operativos se logró secuestrar, entre otras cosas, diversa documentación, computadoras, teléfonos, dinero en efectivo en moneda extranjera y vehículos.

El caso tiene como antecedente la causa Carbón Blanco, en la que se lograron condenas por narcotráfico. Los principales integrantes de la organización criminal liderada por el fallecido abogado y empresario Carlos Salvatore fueron condenados también, el 8 de marzo de 2019, con penas de hasta 9 años de prisión por el delito de lavado de dinero proveniente del narcotráfico. La condena logró además el decomiso de 70 inmuebles, 26 automotores, dinero, así como también las participaciones societarias en 19 sociedades. La sentencia quedó firme a partir de que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal declarara inadmisibles los recursos extraordinarios presentados por los imputados.