El juez federal Sergio Torres procesó con prisión preventiva como miembro de una «asociación ilícita destinada al comercio de estupefacientes» al intendente de la ciudad correntina de Itatí, Natividad Terán, y su vice, Fabio Aquino.
El procesamiento incluye a 28 imputados por el comercio de droga que provenía de Paraguay, a través de las aguas del río de Paraná, y llegaba a esa localidad para luego ser distribuida en siete centros urbanos de distintos puntos del país. Además, al intendente Terán y el vice Aquino se les trabó embargo a cada uno de un millón y medio de pesos.
También fue procesado Rubén Ernesto Ferreyra, Subcomisario de la Delegación Corrientes de la Policía Federal quien -según el juez- negociaba con los narcotraficantes para que puedan operar, también les secuestraba la droga y la renegociaba: al momento de ser detenido se le encontraron 17 panes de marihuana en su oficina.
También fueron procesados Carlos Alberto Bareiro alias «Cachito» quien manejaba el narcotráfico desde la cárcel donde está detenido; Alejandro Piris; Alejandro Ramón Gayoso, quien cuando era detenido intentaba deshacerse de seis celulares y 100.000 pesos; Federico Rachid Neme; Iván Augusto Cristaldo; Gustavo Germán Gayoso; Corina Araceli Noguera, secretaria de la Municipalidad de Itatí vinculada al movimiento de la droga en Itatí; Silvina Soledad Ayala; Angélica Viviana Saucedo; Pedro Walter Saucedo; Aida Hebelin Aquino; Julio César Saucedo; Cristian Leonardo Aquino; Franco Fabián Rodríguez; Eduardo José Correa; Carlos Luis Romero; y Gabriela Natalia Quintana.
Asimismo, el juzgado procesó a Carlos Víctor López, Sargento de la Delegación Corrientes de la Policía Federal; Gabriel Fernando Alcaraz, Segundo Comandante de la Gendarmería Nacional; al abogado Omar Antonio Serial; a Francisco Antonio Noguera, al sargento de la policía de Itatí, Mario Oscar Molina; a Liliana Celeste Bobadilla Ríos; y a un menor de 16 años. A todos se los acusó de ser «miembros de una asociación ilícita» ya que intervinieron en una sociedad con el fin de cometer delitos vinculados principalmente con el tráfico ilícito de drogas.
El narcoescándalo complica también al actual gobernador radical Ricardo Colombi, sobre quien comenzó a pesar el prejuicio de la sociedad correntina en relación con la presunta conexión entre el poder político local y el narcotráfico. Sin embargo, lejos de reconocer alguna situación adversa, el mandatario provincial culpó a la prensa por su complicado presente.
Un estudio realizado por la consultora Analogías determinó un dato preocupante para el mandatario mesopotámico: cuatro de cada diez consultados considera que está involucrado en las denuncias escandalosas que salpicaron a toda la clase política.
El relevamiento fue realizado entre el 15 y el 19 de marzo, entre 1.800 residentes en condiciones de votar en Corrientes, respecto a las denuncias y causas judiciales por narcotráfico que involucran a funcionarios y diferentes actores políticos y judiciales de la provincia.
La provincia elegirá este año gobernador y, aunque Colombi no puede por impedimento constitucional aspirar a un nuevo mandato, será él el encargado de designar a un hombre de su riñón para sucederlo.
