En base al dictamen del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia, la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, resolvió conceder el arresto domiciliario al secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, imputado por ser miembro de una presunta banda dedicada al lavado de dinero.
La magistrada federal confirmó la resolución liberatoria y explicó que se debe al resultado de la junta médica de la Corte que determinó que por la patología que padece el sindicalista “necesita de asistencia permanente para evitar un riesgo serio de salud”.
Sampayo se encontraba detenido desde el 20 de marzo pasado en el marco de las investigaciones por la causa conocida como “Lavado II” en la que se encuentra imputado por presunto lavado de dinero agravado por habitualidad, por ser miembro de una banda y funcionario público, en calidad de autor.
En tanto, los delitos precedentes de negociaciones incompatibles con la función pública, asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de deberes de funcionario público.
Por la misma causa se encuentran detenidos su hijo Facundo Sampayo, los empresarios Alejandro Fischer, Carlos Huidobro (dueño de Tecmasa y Coyrel) y Pedro Martínez (dueño de Pedro Martínez Construcciones), además de Ricardo Freschi, Luis Escobar y Rolando Javier Acuña (directivo de PIMP SA).
En tanto, también se encuentran imputadas pero con domiciliaria la pareja de Sampayo, Mónica Centurión, Fátima Rigassio (pareja de Fischer y titular de la empresa PIMP SA) y Natalia Martínez Guarino, hija del empresario Martínez.
La Causa
Durante esta semana declaró como testigo el actual intendente de Resistencia, Jorge Capitanich, quién aportó datos y documentación sobre la renegociación del contrato con la empresa PIMP SA dedicada a la recolección de residuos; en tanto, también se conoció que la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Nación fijó recién para el próximo 2 de mayo el tratamiento del pedido de desafuero de la diputada nacional de Cambiemos y exintendenta de Resistencia, Aída Ayala, que, según trascendió, ya apeló su pedido de desafuero y posterior detención ante la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia.
A Ayala, la justicia federal la imputó por ser la presunta “jefa” de una banda dedicada al lavado de activos agravado por la habitualidad, mediante una serie de presuntas irregularidades en la contratación de empresas prestadoras de servicios al frente de su gestión en el Municipio de Resistencia.
Los delitos precedentes son los de Negociaciones incompatibles con la función pública, en calidad de autora; Asociación ilícita, en calidad de autor (Jefa); Enriquecimiento Ilícito, en calidad de autora; Fraude en Perjuicio de la Administración Pública, en calidad de autora e Incumplimiento de deberes de funcionario público.
