La olla se destapó a fines de junio, cuando la Secretaría General de la Gobernación denunció penal y administrativamente posibles transferencias indebidas de vehículos del estado a través de diversas falsificaciones.

A partir de ahí se inició una investigación que estima que más de 250 vehículos del estado provincial fueron vendidos gracias a maniobras delictivas. Las actuaciones judiciales tomaron dos caminos, uno provincial y otro federal. La justicia provincial es la que investiga la maniobra para el fraude al patrimonio provincial y el expediente pasó a manos de Graciela Griffith Barreto, cabeza del equipo fiscal especial que ya investigó las causas que involucraron a ex funcionarios como Horacio Rey y Roberto Lugo. 

Por su parte, el fuero federal investiga los delitos que tienen que ver con el uso y la falsificación de documentos de instrumento público. En ese sentido, el fiscal federal Patricio Sabadini explicó que eso “tiene que ver con una maniobra íntimamente ligada a lo que investiga la justicia provincial, que son 16 personas que de acuerdo a cada uno su rol y su intervención en el hecho punible, con fraguar instrumentos producto de las transferencias que suele hacer la provincia con vehículos en desuso”. 

El representante del Ministerio Público Fiscal detalló además que entre los involucrados “encontramos funcionarios públicos provinciales, martilleros, personal de las fuerzas policiales”. Detalló entonces que entre las implicadas hay “una funcionaria clave del gobierno, no en términos partidarios sino de la estructura de empleados públicos, que es la encargada de velar o la garante de velar en estos trámites de ventas y de remates de estos bienes en desuso”. 

Por otra parte, planteó que “en un principio se pensaba que los decretos en sí eran falsos, pero los decretos son originales. Lo que se estima o se sospecha que se fraguó son los anexos con algunas contradicciones muy llamativas: transferencias que se hicieron a empresas que al momento del hecho no estaban constituidas, prestanombres, la verdad que tenemos una gama de maniobras que se siguen sumando”.

Y añadió que “esto recién se inicia”. Sabadini, que también encabezó las investigaciones en el fuero federal de las causas conocidas como Lavado I, Lavado II y Lavado III, afirmó que “en las últimas horas he tomado conocimiento que no solamente en la jurisdicción sino también hay registros de otras jurisdicciones que están pendientes de aprobación algunas transferencias vinculadas con estos vehículos o hasta documentación apócrifa”. 

Por último, informó que “una vez que podamos recabar los elementos restantes que estamos solicitando a organismos públicos o algunas testimoniales, podemos ver si hay un plafón, ya con esto yo creo que lo hay pero vamos a ser prudentes en eso, para solicitar las indagatorias y después el juez evaluará qué decisión tomar, si los procesa o no”. 

LA OPERATORIA 

El que presentó la denuncia en la justicia federal fue el titular del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, Víctor Adrián Veleff, quien detalló que encontró irregularidades en las documentaciones el pasado 17 de junio, de manera “absolutamente casual”. “Observo una leve diferencia en el color de impresión de la tipografía impresa en el Anexo de la copia fiel del Decreto Provincial N°3261/2015 que ordenara la subasta de automotores del Estado Provincial”, señala Veleff en lo que fue el inicio del descubrimiento. 

Luego, tras corroborar los datos con la página oficial del Gobierno chaqueño, manifestó: “Me encuentro con la sorpresa de que los datos contenidos en el anexo del Decreto no coinciden con los presentados al seccional. No coincidiendo en el lote ni el Dominio, ni el vehículo, ni el adquiriente, observando además que hay varios vehículos mencionados en el decreto que tampoco se corresponden con el texto de la copia que me presentaran”. 

De esta forma, las evidencias presentadas por Veleff y las irregularidades denunciadas por la Secretaría a cargo de Noelia Canteros, revelarían lo que fue por al menos cinco años una organización delictiva dentro de la Administración Pública dedicada a la transferencia secreta de vehículos del Estado mediante adulteraciones de documentos y subastas que tuvieron como principal comprador a un hombre y empresa de Formosa.