l juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, rechazó el pedido del ex titular de la AFI macrista, Gustavo Arribas, para salir del país. El ex funcionario, amigo personal de Mauricio Macri, está procesado, embargado y tiene prohibición de salida del país en el marco de la causa por espionaje ilegal contra el Instituto Patria y el domicilio personal de CFK.

Además, la semana pasada fue citado nuevamente a indagatoria en el marco del tramo del caso en el que se investiga espionaje contra distintos referentes de la oposición y el oficialismo, así como contra referentes del sindicalismo, la iglesia católica y periodistas entre otras personas.

Arribas pidió permiso para ir a San Pablo, en su calidad de representante de jugadores de fútbol, algo que hacía antes de entrar a la función pública. En San Pablo, está ahora toda su familia esperándolo.

Brasil, no tiene tratado de extradición con Argentina. Arribas comparte abogado con Macri y trata de desligarse del espionaje ilegal. Este tramo del caso tiene más de 50 víctimas y 20 imputados.

Entre los afectados están desde CFK y Horacio Rodríguez Larreta, pasando por Diego Santilli, Emilio Monzó, Nicolás Massot y los sindicalistas Luis Barrionuevo y Hugo Moyano.

Hasta ahora, todos los que se presentaron para conocer el material sobre ellos se convirtieron en querellantes en el caso. Procesamiento y rechazo judicial Tras analizar el pedido, los fiscales del caso, Cecilia Incardona y Santiago Eyerabide, dictaminaron en contra, tras lo cual llegó la decisión de Augé. El principal motivo del rechazo habría sido la inminente segunda indagatoria de Arribas, la cual se concretaría en los próximos días. 

A comienzos de agosto, Augé procesó a Arribas y su segunda en el organismo, Silvia Majdalani.

El magistrado consideró que, en lo que va de la investigación se pudo acreditar que «al menos desde mayo y hasta diciembre de 2018» el director general de la AFI, Arribas, y la subdirectora Majdalani «impartieron órdenes» al procesado exjefe de Operaciones Especiales de la central de espías, Alan Ruiz, para que coordine «un grupo conformado por agentes orgánicos e inorgánicos del área de Contrainteligencia, quienes se dedicaron a realizar tareas de inteligencia y espionaje ilegal».

De acuerdo al escrito, que superó las 170 páginas, las maniobras de inteligencia ilegal habrían consistido «en llevar a cabo vigilancias, observaciones, obtener información, producir inteligencia, almacenar datos y generar informes sobre distintas personas, por el solo hecho de su pertenencia político partidario, social, sindical y/o cultural».