Cristina Fernández de Kirchner hizo lo que el tribunal que la juzga no quiso: hablar y denunciar que mientras buscan condenarla por supuestamente favorecer al empresario Lázaro Báez en la concesión de obra pública en Santa Cruz, los jueces y fiscales entierran los 100 mensajes que intercambiaron el secretario de Obras Públicas José López –que saltó a la fama por revolear bolsos con 9 millones de dólares en un convento de General Rodríguez– con Nicolás “Nicky” Caputo, el hermano de la vida del expresidente Mauricio Macri.

“El lawfare tiene un escalón superior –siempre hemos ido un poquito más allá los argentinos–. Cuando vivimos la tragedia de la dictadura genocida, fue la más sangrienta de todas”, dijo CFK. “En esta farsa de hoy que es lawfare en América Latina, cuando ya no hay partidos militares pero hay Partido Judicial, dan un paso más. Acá no se trata de estigmatizar o confundir a los gobiernos populares con asociaciones ilícitas, ahora protegen a los que verdaderamente roban en el país”, apuntó.

No habrá sido en una sala de los tribunales de Comodoro Py o en el Zoom al que se conectan jueces, fiscales y defensores tres veces por semana para tender al juicio de “Vialidad”, pero CFK hizo su descargo después de que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieran el lunes doce años de prisión para la vicepresidenta, a quien acusaron de liderar una asociación ilícita para defraudar al erario público y para quien reclamaron la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Cuando el tribunal rechazó su pedido para hablar, CFK denunció en redes sociales que estaba ante un «pelotón de fusilamiento mediático-judicial», pero este martes fue más allá y dijo que no estaba ella sola ante los fusiles. «Es un juicio contra el peronismo», denunció.

“Son doce años, los doce años del mejor gobierno que tuvo la Argentina en las últimas décadas: el de Néstor Kirchner y mis dos mandatos”, respondió CFK desde su despacho en el Senado. “¿Por qué nos piden doce años? Lo digo con números. Uno por la memoria, otro por la verdad, otro por la justicia, otro por el Fondo, otro por las AFJP, otro por YPF y Vaca Muerta, otro por el no endeudamiento, otro por el salario de los laburantes”, enumeró.

“Cuando yo me fui, los laburantes se llevaban el 51,8 por ciento del PBI y el resto era para los empresarios. Ahora, ni hablar cómo estamos. Por eso me van a estigmatizar, por eso me van a condenar. Y les quiero decir algo: si naciera 20 veces más, 20 veces lo haría de nuevo”, dijo la vicepresidenta.

Durante una hora y media, CFK habló de su causa pero también dio nombres propios para describir por qué, a su entender, funciona cómo funciona el Poder Judicial. Se refirió a los fiscales Luciani y Mola –que dijeron que la “matriz” de los gobiernos kirchneristas fue la corrupción pero obviaron los intercambios familiares entre López y Caputo– . “Nada de lo que dijeron fue probado, se comprobó que era exactamente al revés”, dijo CFK.

Durante largo rato, CFK leyó los mensajes que López le mandaba a Caputo y los que Caputo le mandaba a López. No es novedad que la vicepresidenta siente tirria por el exfuncionario de su gobierno. Durante la campaña de 2017, había reconocido que lloró de rabia al enterarse cómo López buscaba esconder millones de dólares –que ella cree que venían de la mano de Caputo y compañía–.

“Si había un caso para investigar la corrupción en la Argentina era éste”, se quejó CFK mientras advertía que la investigación había estado en manos del juez Daniel Rafecas –candidato del Presidente a la Procuración– y del fiscal Federico Delgado.

“¿Qué es lo que había que hacer con este teléfono (el de López)? ¿Cómo investigaron esto? Yo me enteré a partir de que el fiscal Luciani y el fiscal Mola introdujeron esto” como prueba, protestó.

Una especial mención se ganó el presidente del tribunal, Rodrigo Giménez Uriburu, cuyo padre, el marino Héctor Giménez Uriburu, fue director de Ceremonial de los dictadores Leopoldo Fortunato Galtieri y Reynaldo Benito Bignone. “¿Ustedes creen que no me van a condenar?”, preguntó CFK. “Deben estar poniéndose cuchillo y tenedor”, se contestó mientras gesticulaba dando a entender que se alistaban para engullir un banquete.

Además, recordó que Giménez Uriburu está casado con la nieta del coronel responsable de la masacre de Margarita Belén. “Quieren tomarse revancha. ¿De qué? Si cuando fueron juzgados, tuvieron jueces imparciales como nunca en la Argentina”, añadió.

CFK también hizo foco en el presidente de la Cámara Federal porteña, Mariano Llorens, que llegó al tribunal de apelaciones de Comodoro Py durante el macrismo. “Se comprueba que Mauricio Macri siguió e hizo inteligencia a los familiares del ARA San Juan, la peor tragedia de la Armada Argentina, y sin embargo lo sobreseen. ¿Quién? El arquero del Liverpool”, respondió.

Se refería a Llorens que juega en ese equipo junto con Luciani y Giménez Uriburu, como reveló en este diario el periodista Raúl Kollmann. Llorens fue, además, quien le reclamó al juez Sebastián Casanello avanzar contra CFK en la causa de la llamada mediáticamente «Ruta del Dinero K» y le encomendó echar mano a todos los expedientes que Comodoro Py impulsó contra la vicepresidenta.

Los otros jugadores de Py

Otro párrafo merecieron los integrantes de la Cámara Federal de Casación que se reunían con Macri durante su gobierno –Gustavo Hornos y Mariano Borinsky– y particularmente Carlos Mahiques, exministro de Justicia de María Eugenia Vidal trasladado “a dedo” al máximo tribunal penal del país. Uno de sus hijos, Ignacio, fue el fiscal que junto con Gerardo Pollicita la acusaron de asociación ilícita por las obras públicas en la provincia de Santa Cruz.

Durante el final del alegato, Luciani celebró el trabajo de sus colegas del Ministerio Público y el del juez Julián Ercolini, quien –según CFK recordó– había dicho que no era competente para investigar una denuncia de Elisa Carrió sobre las obras públicas en Chaco y Santa Cruz en 2011, decisión que había sido consentida por Pollicita, pero que dejó en el olvido cuando Javier Iguacel, titular de la Dirección Nacional de Vialidad durante el primer tramo del gobierno de Macri, radicó una nueva denuncia contra la expresidenta acusándola de liderar una asociación ilícita. Habían cambiado los aires.

La marca de «Pepín»

A la Corte, que ya le había dedicado un largo video en julio sobre su decadencia, le reprochó el fallo con el que rechazó los recursos que ella y otros imputados habían planteado, entre otras razones porque los sentaban en el banquillo sin peritar que en las 51 obras hubiera existido sobreprecios o atrasos que generaran un daño a las cuentas públicas. Al presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, y a su vice, Carlos Rosenkrantz, les recordó su marca de origen: haber aceptado entrar por la ventana a la Corte –con un decreto de Macri y saltándose el aval del Senado–.

Por los tejes y manejes del macrismo en la justicia, CFK responsabilizó a Fabián Rodríguez Simón –“Pepín”, prófugo en Uruguay desde que la jueza María Servini lo llamó a indagatoria por las presiones a los dueños del Grupo Indalo y mientras avanza una investigación por haber hostigado a la procuradora Alejandra Gils Carbó para forzar su renuncia–. 

“Fue uno de los jefes de la mesa judicial”, dijo y diferenció el comportamiento de los funcionarios peronistas ante cada llamado de la justicia. “Ustedes huyen”, lanzó.

Como dijo el 2 de diciembre de 2019, cuando brindó su declaración indagatoria ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de Comodoro Py, CFK está convencida de que su condena ya está firmada. “Cuando dije que la sentencia estaba escrita me quedé corta”, concedió.