El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, por intermedio del secretario parlamentario Adrián Pagan, firmó la convocatoria a la sesión solicitada por la oposición dialoguista que buscará rechazar el veto presidencial a la ley de Movilidad jubilatoria.
La sesión se realizará, si se logran mayorías, este miércoles a partir de las 11. El diputado radical, Fernando Carbajal, acompañado por los presidentes de los bloques Rodrigo de Loredo (UCR), Miguel Pichetto (Encuentro Federal) y Juan Manuel López (Coalición Cívica), realizaron el pedido a las autoridades de Diputados.
El Congreso solo podrá aceptar o rechazar el veto presidencial. Para llevar adelante ese rechazo, los firmantes, necesitarán construir mayorías especiales. Ya iniciaron contactos con las bancadas de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda.
El rechazo al veto presidencial necesita los dos tercios de los diputados presentes en la sesión para concretarlo. Es decir que si concurren los 257 diputados, esos dos tercios serían 171.
El oficialismo, junto a los bloques del Pro, el MID y bloques menores suman cerca de 80 legisladores nacionales como para bloquear esa construcción de mayorías.
La estrategia del oficialismo
La Libertad Avanza, el Pro y el MID, sumarán a bloques menores de la Cámara de Diputados, en el marco de la nueva estrategia parlamentaria, que los lleva a realizar la coordinación con la Casa Rosada, reuniéndose con el ministro Federico Sturzenegger y el vicejefe de Gabinete Lisandro Catalán.
Allí trabajan los diputados Cristian Ritondo (Pro), Martín Menem (LLA) y Oscar Zago (MID).
Las razones del veto presidencial
En las consideraciones del veto a la norma, que el presidente Javier Milei le envió al titular de Diputados, Martín Menem, expresó que a través del proyecto de ley se disponen “importantes modificaciones al régimen jurídico aplicable a la Movilidad Previsional y a la Seguridad Social”.
También agregó que el proyecto de ley sancionado por el Congreso es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente y que no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento.
La sanción aprobada por la Cámara baja a comienzos de junio, y ratificada en agosto por amplia mayoría en el Senado, estableció un aumento del 8,1% para los jubilados y una modificación en la fórmula de movilidad. Además, el proyecto adaptó la fórmula al Índice de Precios al Consumidor (IPC) para su actualización mensual, y en su artículo 2º indicó un aumento adicional una vez al año (en marzo) por el 50% de la diferencia entre la variación salarial y la evolución de los precios en un mismo período de tiempo.
En sus articulados, acordó que la ANSES tendrá la obligación de cancelar las deudas con las cajas previsionales provinciales y de pagar las sentencias firmes a favor de jubilados con asignaciones específicas de los recursos tributarios del organismo previsional, como son los impuestos al Cheque, País e IVA.
