Lo presentó la diputada Vanesa Siley, después del fallo que habilitó el reclamo de los jueces que investigan a Cristina. Le adjudican mal desempeño por haber otorgado el 2×1 a represores de la ultima dictadura militar.

La diputada del Frente de Todos, Vanesa Siley presentó un pedido de juicio político contra el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, por su actuación en causas sobre derechos humanos.

Para Cambiemos no es otra cosa que un apriete por haber impulsado el apoyo al per saltum de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, contra el decreto de Alberto Fernández que anuló sus traslados a Comodoro Py, avalado luego por el Senado. 

El proyecto tiene fecha el 25 de septiembre, cuando aún no se conocía esa decisión pero sí que Rosenkrantz había convocado al Tribunal para evaluar planteo de los magistrados, finalmente aceptado.

En sus fundamentos, a diferencia de sus compañeros, anticipó que aceptará el planteo de los magistrados cuando tenga que definir la cuestión de fondo.

El pedido de juicio político, no refiere a ese caso sino a tres que refieren a derechos humanos. Dos por haberle entregado un beneficio de 2×1 a represores, en las causas  «Muiña» y «Rufino Batalla»; y otro por el expediente «Ledesma», vinculado al apagón que hubo en la fábrica jujeña durante la última dictadura militar, que facilitaron el secuestro de trabajadores, estudiantes y militantes.

«El actual Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Rosenkrantz, ha frustrado gravemente ‘el ejercicio de los derechos y garantías de la Constitución’ al haber favorecido y muchas veces asegurado la impunidad de los responsables del terrorismo de Estado mediante sentencias contrarias al derecho vigente», argumenta Siley. 

Y agrega que «sin dudas, esta conducta es impropia y contraria a aquella que debe esperarse de un magistrado del más alto Tribunal de la República, más aún tratándose del mismísimo presidente del mismo».

El Frente de Todos no tiene forma de llegar a los dos tercios en Diputados sin respaldo de Cambiemos, que se apuró en anticipar su rechazo.

«A tres días de que Carlos Rosenkrantz convocara al máximo tribunal para tratar el per saltum pedido por los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli, el oficialismo ingresa en @DiputadosAR un pedido de juicio político contra el presidente de la Corte. Una extorsión que no permitiremos», sostuvo Cristian Ritondo.

«Con el pedido de juicio político a Rosenkrantz el kirchnerismo muestra su único proyecto: Tener una Justicia adicta. La vicepresidenta es investigada por múltiples causas de corrupción. La mejor política que implementó el Gobierno es tratar de salvar a la jefa», le siguió su colega .

Lo cierto es que las audiencias de la Comisión de Juicio Político, presidida por la kirchnerista Josefina González, las causas de Cristina no serán parte de la agenda oficial, sino las esgrimidas por Siley en su presentación. 

 Sobre el caso Muiña, sostuvo que «los lineamientos jurídicos defendidos en el voto del señor Rosenkrantz resultan abiertamente contrarios a los lineamientos y exigencias fundamentales del derecho internacional y del derecho constitucional argentino sobre la sanción efectiva y adecuada contra los crímenes de lesa humanidad. Este magistrado ha incurrido así en un inaceptable mal desempeño de sus funciones».

En el expediente Ledesma, le reprocha la falta de mérito a Carlos Pedro Blaquier y Alberto Lemos. Y sostiene que si bien la Corte no se pronunció sobre el caso, hay un vínculo entre la esposa del ministro de la Corte y un ex abogado de la azucarera y sobrino del imputado porque ambos forman parte de la ON «Cimientos».

Y en el fallo «Rufino Batalla», también sobre el 2×1 a represores, Siley cuestiona que Rosenkrantz continúa con «su palmaria incomprensión del derecho normativo vigente como así también de los compromisos asumidos por la sociedad democrática argentina, lo que constituye, a nuestro entender, una nueva causal de mal desempeño que inhabilita que este juez permanezca en el ejercicio de la magistratura en la máxima autoridad judicial de nuestro país».

La presentación tiene respaldo de 14 organizaciones de Derechos Humanos como Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora,  H.I.J.O.S. Red Nacional, H.I.J.O.S. Capital, Familiares de Detenidos Desaparecidos por razones políticas, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Familiares de Detenidos Desaparecidos por razones políticas, entre otras.