El legislador nacional de Juntos por el Cambio, Francisco Sánchez, días atrás expresó en redes sociales que los delitos de corrupción por los cuales se está juzgando a la vicepresidente Cristina Kirchner «merecen la pena de muerte, no una liviana prisión domiciliaria». 

En este sentido, tras recibir enormes críticas tanto del oficialismo como de las mismas filas de Juntos por el Cambio, el diputado decidió dar marcha atrás con la presentación de su proyecto. 

Cabe resaltar, que además de las críticas, Sánchez fue denunciado penalmente por el exdiputado provincial y dirigente de Nuevo Encuentro de Neuquén Rodolfo Canini.

«Estuvimos investigando y no hubo ninguna presentación nacional o provincial por lo que consideramos una incitación a la violencia, que es un delito», explicó Asunción Miras Trabalón, apoderada de Canini. 

Por otra parte, en relación con la «marcha atrás» en la presentación del proyecto, el diputado neuquino le envió una carta al presidente de su bloque, Cristian Ritondo y expresó: «Teniendo en cuenta la gravedad de la situación social en Argentina, derivada de la crisis económica y de los permanentes agravios a las instituciones republicanas, considero atendible el pedido de evitar la continuidad de manifestaciones que puedan afectar la sensibilidad de personas individuales o colectivas, por lo que desistiré de impulsar un proyecto de estas características». 

Sánchez, no obstante, ratificó su postura de equiparar los delitos de corrupción agravada como delitos de traición a la Patria y que, por lo tanto, deben ser imprescriptibles y exentos de indulto, amnistía o conmutación de pena. Tags