Con el objetivo de lograr la sanción definitiva del Presupuesto 2026 el próximo viernes 26 de diciembre, el oficialismo intensifica los contactos con sus aliados. Este domingo, los jefes de bloque que representan a 44 senadores mantienen un encuentro vía Zoom para unificar posturas y definir la hoja de ruta parlamentaria.

1. El malestar de los gobernadores

A pesar de la urgencia del Poder Ejecutivo, el clima en las provincias es de tensión. Los mandatarios provinciales, especialmente los del bloque Provincias Unidas, advierten que sus pedidos no han sido integrados en el texto actual.

• La amenaza de la abstención: Al igual que ocurrió en la Cámara de Diputados, los senadores podrían optar por dar quorum para habilitar el debate, pero abstenerse a la hora de votar si no hay respuestas concretas.
• El conflicto de las cajas previsionales: El punto de mayor fricción es el financiamiento de la Anses a las cajas de jubilaciones no transferidas. El proyecto impone condiciones estrictas (acuerdos de déficit firmados desde 2021) que muchas provincias consideran un obstáculo para recibir los fondos adeudados.

2. La prioridad de Luis Caputo: Deuda y Mercados

Para el Ministro de Economía, la aprobación de la ley es vital por dos razones estratégicas:

1. Señal de gobernabilidad: Mostrar a los inversores que el Gobierno puede consolidar mayorías en el Congreso tras dos años de prórrogas presupuestarias.
2. Reforma financiera (Adiós a la «Ley Guzmán»): El proyecto incluye facultades para realizar canjes de deuda sin las restricciones de la Ley de Administración Financiera actual, que exige mejoras obligatorias en montos, plazos o intereses.

Según el equipo económico, poder reemplazar los bonos actuales por instrumentos «convencionales» permitiría una baja inmediata del Riesgo País (estimada en 100 puntos básicos), facilitando el manejo de los vencimientos de 2026.

3. El dilema de las modificaciones

El oficialismo se encuentra en una encrucijada: no quiere introducir cambios en el Senado. Si se modifica algún artículo para satisfacer a los gobernadores, el proyecto debería volver a la Cámara de Diputados, lo que retrasaría los planes del Ejecutivo y pondría en riesgo la sanción antes de fin de año.