La diputada de Cambiemos pedirá que la Justicia reactive la causa contra el dirigente de Camioneros, a quien investigan por el pago de 200 millones de pesos entre sus empresas y el sindicato.
Por su histórica cruzada judicial contra Hugo Moyano y por ser una de las imagenes que Cambiemos quiere reivindicar en la lucha contra las mafias, Graciela Ocaña es la elegida para cumplir las veces de ariete contra el camionero,
Luego de que el Gobierno dejara trascender un informe que la Unidad de Información Financiera presentó ante el juez federal Claudio Bonadio en el que se da cuenta de supuestas operaciones sospechosas por más de 200 millones de pesos entre empresas vinculadas a los Moyano con el sindicato y la obra social de Camioneros, la diputada de Cambiemos insistirá en su objetivo de acorralar al dirigente gremial.
Enviaron a Ocaña a que se presentará ante la Justicia para ampliar su denuncia por defraudación al sindicato y aseguró que detectó “una maniobra de vaciamiento de la obra social”.
Ocaña adelantó a Clarín que en la presentación, sobre la que ya trabajan sus colaboradores más cercanos, aportará “nuevos elementos que probarían que la obra social pagó costos muy elevados” en prestaciones y medicamentos, “con el presunto objetivo de sacar fondos de Camioneros” a otras empresas.
El último informe de la UIF, que dirige Mariano Federici, puntualiza que, entre 2010 y 2011, a Aconra, una constructora cuya principal accionista es Valeria Salerno (hija de Liliana Zulet, cónyuge de Moyano), recibió fondos por $220 millones. De ese universo, el organismo analizó una muestra preliminar, de 26 cheques por un monto de $105 millones, y constató que la totalidad fue librada por Camioneros. Según el informe, la modalidad “se habría mantenido hasta la actualidad, atento que entre febrero y julio de 2017 se habrían registrado acreditaciones por $113 millones, de las cuales el 90% correspondería a Camioneros”.
“Se entiende que allegados a Moyano han constituido sociedades destinadas a prestar servicios casi con exclusividad a Camioneros”, concluye. Aunque con montos más bajos -acorde al rubro- una situación similar ocurre con Dixey SA, un taller de ropa, y la prestadora médica IARAI SA; también dirigidas por Valeria Salerno.
El mensaje de Ocaña ya llegó pero se presentará ante la Justicia con las pruebas adicionales que aseguró tener recién el l de febrero, una vez que se levante la feria judicial. Da un tiempo de negociaciones y maniobra con el camionero mientras se sigue balndiendo el proyecto de Reforma Laboral como moneda de cambio.
