Legisladores oficialistas cercanos a Cristina Kirchner propusieron este martes crear una comisión que investigue la actuación de jueces y fiscales involucrados en supuestas maniobras de espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri, detectadas en el informe final de 2020 de la bicameral de fiscalización de organismos de inteligencia. 

«Como parte de esta organización mafiosa que comprometió a distintos estamentos estatales, han participado también un puñado de fiscales, jueces, camaristas, y probablemente miembros de la Corte Suprema de Justicia. Por este motivo le recomendamos al Senado y a la Cámara de Diputados que conformen una comisión bicameral a los efectos de estudiar y analizar la conducta de estos magistrados judiciales», anunció el diputado Leopoldo Moreau, presidente de la bicameral de inteligencia.

Fue durante la presentación del informe realizado en el salón de pasos perdidos de la Cámara baja del que participaron sus pares Eduardo Valdés y Blanca Osuna; y los senadores Oscar Parrilli y Martín Doñate, todos de estrecha relación con la vicepresidenta. 

«Control cruzado» fue la frase que utilizó Alberto Fernández en la apertura de sesiones ordinarias y luego Parrilli explicó que se había referido a una comisión encargada de estudiar la actuación de los magistrados en los años de Macri presidente, cuando Cristina denunció la existencia de una supuesta «mesa judicial» que digitaba las causas en su contra.

No tendría facultades para sancionarlos, pero sí para reunir información que nutra a investigaciones judiciales o juicios políticos, un proceso que en el caso del procurador o los miembros de la Corte debería iniciarse en la Cámara de Diputados. 

El próximo paso sería la presentación de este informe, que ya es público, en sesiones plenarias, con la recomendación de avanzar en un proyecto para crear la bicameral investigadora de jueces y fiscales. La idea, según supo este medio, es que se presente por Diputados.

«Queremos que tenga facultades más amplias de las que tuvimos nosotros. Hubo un puñado de magistrados que mantuvieron un acuerdo con estos personajes de espionaje», anticipó Moreau y apuntó directamente contra el juez de la Corte Carlos Rosenkrantz, que asumió en 2016 y al poco tiempo fue elegido presidente del Tribunal. Los legisladores habrían detectado varias reuniones con el entonces asesor presidencial Fabián «Pepín» Rodríguez Simón. 

También habría citaciones para otros jueces que habrían trabajado a la par del falso abogado Marcelo D’ Alessio, detenido en Dolores por la causa de espionaje ilegal en la que estuvo procesado el fiscal Carlos Stornelli, protagonista de la mayoría de las investigaciones sobre corrupción contra Cristina y sus ex funcionarios.

La investigación de la bicameral se inició con un testimonio de hace un año del ex espía José Luis Vila, cercano al dirigente radical Enrique «Coti Nosiglia», que alertó sobre redes de inteligencia ilegal que funcionaron en la AFI durante la gestión de la dupla de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. 

El material recayó en el juzgado de Lomas de Zamora, que procesó a ex los funcionarios y a ex agentes que habrían participado de actividades de espionaje ilegal en sintonía con funcionarios de la AFI. 

El dictamen oficial señala que solamente el primer año del Gobierno de Macri hubo espionaje ilegal sobre «170 organizaciones políticas, sociales y gremiales y 307 víctimas directas confirmadas», con «43 intervenciones de los servicios de inteligencia en causas penales. El objetivo de la extorsión política y económica era claro: quebrar emocional, económica y políticamente a las víctimas seleccionadas».

«Se utilizó el poder del Estado para implantar un plan sistemático de espionaje político ilegal como método de dominación y extorsión al mejor estilo de la práctica mafiosa», sostienen. 

Enumera entre los agentes implicados a Dalmau Pereyra, ex jefe de Contrainteligencia de la AFI en ese momento, y a Facundo Melo, María Mercedes Funes Silva, Leandro César Araque y Jorge Horacio Sáez, casi todos ex policías de la Ciudad incorporados como espías ni bien llegó Macri a la Rosada. 

«Meche» Funes, en su declaración, confesó que le consultó a su superior Alan Ruiz si el trabajo que estaban haciendo era ilegal y le garantizó que tendría cobertura judicial. «Sabía que sus jefes lograban en cada caso, ‘dibujar’ una causa para encubrir el espionaje ilegal, tal como terminó ocurriendo en alguna de esas prácticas», señalan los legisladores.  

Una de las primeras medidas de Macri fue retornar los gastos reservados a la AFI, cuyo presupuesto ascendió en 2016 a 1.450 millones de pesos, unos 100 millones de dólares al tipo de cambio de entonces. La causa de Lomas de Zamora se alimentó de decenas de declaraciones tomadas por los legisladores, con las que este martes elaboraron un informe final de 400 páginas y emitieron un dictamen de mayoría. 

«Lo llamamos ‘El Estado mafioso» porque una de las conclusiones a las que arribamos es que efectivamente en ese período se montó un Estado paralelo, un Estado clandestino. Se estructuró de modo sistemático un modo de acción que se desarrolló a través de células paralelas dentro del propio Estado. Usando los recursos del Estado, pero dejando de lado la estructura formal», señaló Moreau. 

«Tenemos totalmente probado desde el punto de vista documental y a través de las confesiones de quienes admitieron tareas de espionaje ilegal», garantizó el diputado y habló de «una mesa judicial, presidida por Macri, se decidía el destino que iban a correr las personas o las organizaciones que eran espiadas».  

Entre los operativos mencionados, los legisladores citan uno con nombre «Pablo Barreiro», en alusión al ex secretario de Cristina Kirchner, que refería a las detenciones de la «Causa Cuadernos» contra su padre Ricardo Barreiro.

«Barreiro recibió el consejo por parte de D’Alessio de ‘sumarse» a los «arrepentidos'», señala el informe y cita el presunto armado de la causa GNL, por la que estuvo preso Julio De Vido, a partir de un libro que publicaría el periodista de Clarín Daniel Santoro. 

También hay menciones a un seguimiento al periodista Alejandro Fantino y a Giselle Robles, ex abogada de Leonardo Fariña, arrepentido y condenado este año por la causa conocida como «ruta del dinero K». Además, se detalla como fue la intervención a los teléfonos a Parrilli, por entonces sin cargo y ex jefe de AFI. 

Los legisladores oficialistas sostienen que «el método utilizado es el conocido universalmente como lawfare o guerra jurídica y consiste en el ataque contra opositores -reales o presenciales- a través de la manipulación del Poder Judicial -como máscara de legalidad- en perfectas con lo sincronización de los medios de comunicación hegemónicos». 

El modus operandi, señala el dictamen, era «armar denuncias, difundirlas en los medios de comunicación y repetirlas hasta el hartazgo, creando así un clima de odio, rencor y revancha que justificara la intervención judicial sin que importan las pruebas y mucho menos el debido proceso y las demás garantías constitucionales». 

«El objetivo político central era borrar o montar una nueva memoria popular sobre el ciclo político que había gobernador la Argentina desde 2003 a 2015», concluyen. 

La oposición firmó un dictamen en disidencia que según Moreau no «cuestionó» la investigación de la comisión. Nunca se conectaron los senadores Juan Carlos Marino y Oscar Castillo, también de buena relación con Nosiglia. 

Sólo suscribieron la senadora Pamela Verasay, cercana al presidente de la UCR Alfredo Cornejo, y los diputados José Cano (UCR), Cristian Ritondo y Sebastián García de Luca, del PRO. Sostienen que la comisión se excedió en sus facultades y tomó declaraciones inválidas, entre otras cosas porque fueron «enviadas a conocimiento del Juzgado Federal de Lomas de Zamora o de la Fiscalía Federal actuante».

Parrilli remarcó que no fueron hechos que de quienes «nacieron malos» sino para «llevar adelante un plan económico, con el aumento de tarifas, despidos, endeudamiento brutal y la destrucción de la salud y la educación.  El espionaje político se llevó adelante para poder hacer está política».