Los legisladores de Tierra del Fuego aprobaron por unanimidad el proyecto de ley que establece la obligatoriedad de exámenes de detección de consumo de drogas para funcionarios electos y designados en los tres poderes.

La iniciativa fue presentada en 2016 y establece que los funcionarios deberán realizarse un examen de orina cada 1 año.

De esta manera, se determina que es requisito para la «permanencia en los niveles políticos de la función pública» no ser adicto a estupefacientes como la cocaína o la marihuana, por lo que es obligatorio realizarse el examen de detección de metabolitos de droga en orina.

El legislador del PJ, Ricardo Furlan, declaró: «Es importante que desde el gobernador hasta el último funcionario electo o designado tenga la responsabilidad de someterse a estos análisis»

Una vez que sea promulgada por el Poder Ejecutivo, la ley tiene un plazo de 60 días para ser aplicada.

Tierra del Fuego podría convertirse en la segunda provincia del país en contar con esta normativa, después de Tucumán. Por su parte, Salta y Chaco que presentaron sus proyectos pero aún no fueron sancionados.

El proceso 

Se tomarán dos muestras de orina «que deben ser selladas y firmadas por las partes». Una de ellas será utilizada para el examen inicial que si resulta positiva, el funcionario tiene derecho a exigir, dentro de los 10 días hábiles siguientes, la realización de una contraprueba con la segunda muestra.

El procedimiento de detección previsto podrá ser reemplazado por otros «en función de su mayor precisión y efectividad» como es el caso de una rinoscopia donde se realiza un estudio de las cavidades nasales utilizado en otorrinolaringología.