El decreto de Mauricio Macri que fulminó el Fondo Sojero -que contemplaba la transferencia a provincias y municipios del 30 por ciento de lo recaudado por retenciones- abrió una nueva pelea con los gobernadores de la oposición, que aseguran que el Presidente incumplió el pacto fiscal y ahora amenazan con retirarse.

Desde el peronismo afirmaron que la decisión del Gobierno de eliminar el Fondo implica en los hechos el incumplimiento del pacto fiscal que Macri firmó con las provincias.

El inciso H de los «compromisos asumidos por el Estado Nacional» establece claramente que la continuidad del reparto de esos fondos entre los distritos que adhieran al consenso. Fue una de las condiciones de la Rosada para sumar a más provincias.

«Nosotros venimos de firmar el pacto fiscal, y esto no se preveía, a mí me gusta respetar los acuerdos y la institucionalidad. Esto nos cae de sorpresa», lamentó la fueguina Rosana Bertone, una de las gobernadoras peronistas más cercanas a la Rosada. El chubutense Mariano Arcioni, por su parte, recordó que el Fondo Sojero es un «derecho que quedó ratificado en la firma del Pacto Fiscal». «El gobierno debe cumplir con lo que firma y acuerda con todas las provincias que adherimos», agregó.

Con esta medida, Macri no hizo otra cosa que darle una excusa a varios gobernadores que tienen intenciones de salir del pacto por las pérdidas de recaudación que les provoca, pero que temían perder ciertos beneficios. Ahora, tienen la excusa de que Nación violó primero el pacto.

Al respecto, algunos gobernadores empezaron a analizar la posibilidad de mandar proyectos a las legislaturas de sus provincias para que denuncien el incumplimiento del pacto de parte de Nación, paso previo a salir.

Mientras tanto, en el Congreso nacional ya hay varios proyectos para derogar el DNU y restablecer el fondo sojero.

El senador Guillermo Pereyra, del MPN, acaba de ingresar uno en la Cámara Alta. En Diputados, el Bloque Argentina Federal -que responde a los gobernadores- y la kirchnerista María Emilia Soria presentaron diferentes textos.

Todo indica que el decreto de Macri va camino a ser volteado.

Por otro lado, la decisión de eliminar el fondo pone en riesgo la aprobación del Presupuesto 2019, que la Rosada negocia con los gobernadores y estará marcado por un feroz ajuste para llegar a la meta del déficit fiscal primario del 1,3% del PBI acordada con el FMI. Ese proyecto tiene que ser enviado antes del 15 de septiembre.

Más allá de la tensión que genera esa negociación por sí sola, la decisión del eliminar el fondo la complica más porque implica que el Presidente de manera unilateral desconoció el presupuesto votado por el Congreso el año pasado.

Lo que hizo Macri fue interrumpir la ejecución presupuestaria, al eliminar esas partidas. En resumen lo que dicen los gobernadores es para qué apoyar un presupuesto que después se modifica por DNU.

Al mismo tiempo que enredó la negociación con los gobernadores, la medida también alteró el clima interno en el Gobierno, donde hay varios funcionarios molestos, que consideran que es una medida muy equivocada y que tampoco implica un ahorro tan importante.

Según los números que difundió el Ministerio de Hacienda, implicaría para el año próximo un ahorro de 26.500 millones, menos del 10 por ciento de lo que necesita recortar el Gobierno.

Uno de los que está más molesto por la medida es Rogelio Frigerio. El ministro del Interior es el encargado de llevar adelante las negociaciones con el peronismo y otra vez tuvo que dar explicaciones, como días atrás con la eliminación de los plus en las asignaciones, una decisión que al final quedó en suspenso.

Algunos sectores del Gobierno creen que el anuncio tiene que ver con el fastidio de Macri por la falta de avance en esa negociación con el peronismo.

Además, en la Rosada están tentados con la idea de prorrogar el presupuesto de este año, algo que puede ser cómodo para evitar la discusión con el PJ, pero podría ser problemático en lo que refiere a la señal al mercado y al FMI, para quienes no es lo mismo una ley acordada con la oposición que una prorrogada por decreto.