Bajo la consigna “no hay plata”, el presidente electo Javier Milei anticipa un severo recorte en los planes sociales, quita de subsidios –que más afecta a los sectores de menores ingresos—como al transporte y la energía, congelar la actualización del salario mínimo, de referencia al sector informal del salario mínimo y la paralización de la obra pública que afecta el empleo formal.
Se trata de una barrera de contención que podría amortiguar el salvaje ajuste que llevará a cabo el libertario, con alza del dólar y un proceso de inflación que se seguirá espiralizando.
El estudio del Observatorio de la Universidad Católica Argentina (UCA) advierte que, si se evalúa el alcance de las medidas distinguiendo el tipo de ayuda social, el 41,3 por ciento de la población reside en hogares que recibieron alguna ayuda social vinculada con transferencias de ingreso (Programa Alimentar, asignaciones familiares no contributivas, programas de empleo, etc.)”.
De acuerdo con el informe, el 24,2 por ciento de la población declaró haber recibido en su hogar algún bolsón, vianda o haber retirado alimentos de comedores no escolares. 2Cabe señalar que, en ambos tipos de ayuda, es en los hogares de estratos bajos, con déficits educativos, y en condición de pobreza y/o inseguridad alimentaria en los cuales se evidencia un mayor alcance de la ayuda social”, señala el Observatorio de la UCA.
Sin embargo, a diferencia de otros momentos históricos, la pobreza no resulta un problema exclusivo de quienes se encuentran desempleados o trabajando en la informalidad. Un estudio realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), orientado a buscar una explicación a la consolidación de la pobreza, se detiene en analizar la evolución del salario de los trabajadores registrados.
La brecha de ingresos entre los trabajadores de más alta y más baja remuneración, más que duplica la brecha de ingresos entre la ganancia media de los empresarios y la remuneración media de los trabajadores asalariados. Frente a la pobre creación de más y mejores empleos, y la imposibilidad de generar mejores remuneraciones, el gasto en transferencias sociales ha sido el mecanismo por excelencia más eficiente para mantener una relativa paz social. Sin este aumento en el gasto social la pobreza sería muy superior.
La falta de acceso al empleo y a la seguridad social constituye la dimensión en la que el déficit presenta mayor incidencia, el 35,7 por ciento de la población reside en hogares que no tienen ingresos por empleo registrado o jubilaciones o pensiones contributivas. Asimismo, una proporción cercana a 3 de cada 10 hogares presentaba situaciones de privación en el acceso a la educación esto implica que el 30 por ciento estaba compuesto al menos por un niño o adolescente que no asistía a instituciones educativas formales o adultos con rezago educativo (para la población la proporción alcanza al 13 por ciento). Los niveles de privación en relación al acceso a la salud y la alimentación, el acceso a servicios domiciliarios y a un medio ambiente saludable se encuentra en valores algo más reducidos, aunque significativos alcanzando a 1 de cada 4 hogares y a 3 de cada 10 personas.
Casi 7 de cada 10 personas presentaba en 2023 al menos una de las carencias consideradas en dimensiones de derechos, el 44 por ciento registraba 2 o más, mientras que el 28 por ciento de las personas se encontraban en la situación más crítica mostrando 3 o más carencias en dimensiones de derechos. Se observa una fuerte segmentación asociada a las condiciones socioeconómicas de los hogares, la brecha entre los hogares de estratos medio alto respecto a los de estrato muy bajo es de 3,5 veces para 1 o más carencias, 11,2 veces para 2 o más carencias y de 50 veces para 3 o más carencias. Las brechas por grupos de edad son significativas, aunque algo menores los niños, adolescentes y personas más jóvenes tienden a ser los que registran más posibilidades de experimentar y acumular carencias no monetarias.
En 2023, solo 4 de cada 10 personas en la Argentina urbana se encontraba en condiciones de pobreza multidimensional con una fuerte diferenciación según nivel socioeconómico: 66 por ciento de la población del 25 por ciento de NES más bajo, 50 por ciento en el estrato bajo, 22 por ciento en el estrato medio bajo, y sólo 6,6 por ciento de la población en el 25 por ciento superior. Asimismo, 2 de cada 10 personas sufren de pobreza multidimensional estructural. La eliminación que propone Milei de los planes para este segmento le quita cualquier red de contención para este sector más vulnerable.
El objetivo debería centrarse en fortalecer distintos espacios de agremiación de estos sectores de la clase trabajadora, históricamente excluidos del acceso a las protecciones sociales y derechos laborales asociados al empleo forma. “Los relevamientos y estadísticas disponibles evidencian que estas formas de trabajo no asalariadas están atravesadas por un conjunto de procesos de segregación y diferenciación, entre los cuales las desigualdades de género y edad son centrales”, señala el Proyecto de Unidad Ejecutora de CONICET (PUE) “Sistema de información, investigación y estudios para el movimiento obrero”, a partir de investigaciones etnográficas colaborativas junto a organizaciones de trabajadores/as de los sectores populares.
Entre 2017 y 2023, las remuneraciones se redujeron dramáticamente: el poder de compra de los ingresos laborales cayó 31 por ciento a raíz de la inflación y la recesión prolongada. En un contexto de reducción del desempleo, aparece una nueva figura: el trabajador pobre. En 2023, el 33,1 por ciento de las personas ocupadas tienen bajos ingresos (ingresos inferiores a la línea de pobreza individual) y 32,5 por ciento viven en hogares pobres. Los bajos ingresos y el riesgo de pobreza se distribuyen de manera muy diferencial. Las personas que se desempeñan en el sector informal y quienes tienen empleos precarios o subempleos inestables son las más afectadas, duplicando o triplicando el riesgo promedio.
“Se trata de un efecto de tipo estructural, vinculado a las condiciones de empleo que se consolidaron a lo largo de las últimas décadas”, señala la UCA.
Como parte de ese proceso, se crearon y fortalecieron distintos espacios de agremiación de estos sectores de la clase trabajadora, históricamente excluidos del acceso a las protecciones sociales y derechos laborales asociados al empleo formal. Dentro de ellas se destaca la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), constituida en torno a la economía popular como categoría de representación política y construcción de derechos a partir de la confluencia de un heterogéneo conjunto de organizaciones sociales y políticas con una prolongada trayectoria que se remonta al menos a la década de 1990, incluso siendo el Gobierno más defendido por Milei.
Género y edad constituyen marcadores de diferencia y desigualdad que tienen una incidencia significativa en la composición de aquellos sectores de la clase trabajadora que desarrollan sus tareas en el marco de relaciones no asalariadas y sin acceso a derechos laborales y protecciones sociales básicas. Específicamente, se refleja una presencia mayoritariamente femenina y de las diversidades y una alta proporción de jóvenes en el trabajo en la economía popular, en la prestación de servicios bajo modalidades de subcontratación o tercerización y en el trabajo a través de plataformas.
Según la UTEP, las organizaciones de trabajadores/as han venido articulando la construcción de demandas vinculadas a la especificidad de los distintos sectores ocupacionales con el desarrollo de estrategias orientadas a resolver cuestiones que derivan de dichas asimetrías, entre las que se destacan iniciativas dirigidas a mejorar las condiciones de vida de las mujeres, las diversidades, las juventudes y personas mayores; a generar respuestas a problemáticas tales como la violencia de género, la violencia institucional, la insuficiencia en la infraestructura de cuidados, el acceso desigual al trabajo y la formación, entre otras.
Por un lado, los datos generados a partir del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (RENATEP) puso de relieve que del total de las 3.457.6692 inscriptas a junio 2022, el 58 por ciento eran mujeres y el 42 por ciento varones. Las estimaciones que realizamos desde el PEPTIS-CITRA, en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares, apuntan en la misma dirección: para el primer trimestre de 2022, el universo amplio de la economía popular estaba compuesto por un 54,31 por ciento de mujeres, en relación a un 45,69 por ciento de varones. Estos datos confirman que la tendencia hacia la feminización de la economía popular se profundizó a partir de la pandemia.
Mientras que la participación de los varones en la economía popular registró un descenso de 4,3 puntos porcentuales en el primer trimestre de 2022; en el caso de las mujeres esta caída fue sólo de 1,5 puntos porcentuales, evidenciando que la recuperación de la actividad económica en la post pandemia estuvo desigualmente distribuida en términos de género. Por otro lado, en cuanto a los/as jóvenes, el RENATEP reveló que del total de personas que se inscribieron el 62,5 por ciento tenía entre 18 y 35 años de edad.
Al analizar la distribución por subsectores poniendo el foco en las desigualdades de género, se observa que la feminización de la economía popular suele concentrarse en tareas específicas, entre las que se destacan aquellas vinculadas al cuidado y la reproducción de la vida tales como el trabajo en comedores y merenderos, la producción de alimentos y distintos servicios personales tales como la limpieza o tareas vinculadas a la estética y belleza personal como la depilación, peluquería, masajes, entre otros. La feminización de los trabajos de cuidado ha sido también señalada en informes sobre usos del tiempo en barrios populares: ellas dedican 8 horas y 31 minutos por día al trabajo no remunerado, un cálculo que casi duplica a las 4 horas y 49 minutos registrados para las mujeres de aglomerados urbanos relevados por el organismo INDEC.
Un informe reciente del Ministerio Público de la Defensa refleja cómo, a pesar de que las desigualdades persisten, el acceso de las personas travestis/trans y no binarias a formas de generación de ingresos por fuera del trabajo sexual/prostitución, mejoró sustantivamente en los últimos años (Ministerio Público de la Defensa, 2023). Mientras que en 2005 el 89 por ciento de las mujeres trans y travestis entrevistadas manifestaron vivir del trabajo sexual/prostitución, este porcentaje descendió al 70,4 por ciento en 2016 y al 56,1 por ciento en 2022.
Estas mediciones se encuentran en sintonía con lo que ha sido registrado por otros informes a escala regional, confirmando que el desempleo, la intermitencia laboral y la prevalencia de actividades informales o de baja calificación caracterizan a la inserción ocupacional de los/as jóvenes en la región, tal como lo vienen observando organismos como la CEPAL y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En particular en la Argentina, la proporción de trabajadores/as de entre 18 y 24 años registrados en el Sistema Integrado Previsional Argentino –es decir, quienes cuentan con un empleo registrado con derechos laborales plenos—constituyen sólo 6,7 por ciento del total, frente al 27,1 por ciento que representa a los/as jóvenes de la misma franja etaria en el RENATEP.
Los datos del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) revelan también que las tareas dedicadas “al hogar” y el cuidado de sus integrantes constituyen las principales causas esbozadas como obstáculos por aquellas mujeres que no trabajan de manera remunerada ni buscan hacerlo, sin el apoyo social esto sería casi imposible.
“Desde hace mucho tiempo, aunque la economía argentina crezca, no se generan empleos de calidad. Con las recuperaciones parciales de la economía se recupera parte del empleo perdido, pero las nuevas capas se refugian en la informalidad”, señala el informe de la UCA.. Al mismo tiempo que las remuneraciones reales sufren un continuo deterioro real, esto no sólo ocurre por la puja distributiva, sino fundamentalmente ante una caída en la productividad media del trabajo.
Por lo mismo, si bien la participación de los trabajadores asalariados formales en el ingreso ha tenido y continúa teniendo un peso insuficiente, la evolución de la media de ingresos ya no es representativa de los ingresos reales de los trabajadores.
El 35,9 por ciento de hogares recibió alguna asistencia social en 2023. Esto representa alrededor de 46,7 por ciento de las personas dentro del universo analizado.
La asistencia social adquiere mayor relevancia entre los estratos más bajos, con déficits educativos, en condición de pobreza y/o inseguridad alimentaria, así como también en el conjunto de unidades domésticas con presencia de niños/as. Esto redunda en una correcta focalización de estas medidas.
Ahora bien, el elevado nivel de incidencia de las políticas de transferencia de ingreso y asistencia alimentaria directa entre los sectores más desfavorecidos no resulta suficiente para prevenir que la situación socioeconómica se encuentre deteriorada o por debajo de condiciones adecuadas de subsistencia. Esto apunta a las limitaciones que afrontan las políticas sociales en la Argentina para revertir de manera duradera el deterioro de las condiciones de vida.
Si bien las unidades domésticas que se posicionan entre los sectores más bajos de la estructura social deben recurrir con mayor frecuencia a los programas sociales como estrategia de subsistencia económica, la percepción de los mismos no es condición suficiente para lograr niveles de subsistencia adecuados.
Si se evalúa el alcance de las medidas distinguiendo el tipo de ayuda social, se observa que el 41,3 por ciento de la población reside en hogares que recibieron alguna ayuda social vinculada a transferencias de ingreso (Programa Alimentar, asignaciones familiares no contributivas, programas de empleo, etc.). Asimismo, el 24,2 por ciento de la población declaró haber recibido en su hogar algún bolsón, vianda o haber retirado alimentos de comedores no escolares.
“Cabe señalar que, en ambos tipos de ayuda, es en los hogares de estratos bajos, con déficits educativos, y en condición de pobreza y/o inseguridad alimentaria en los cuales se evidencia un mayor alcance de la ayuda social”, agrega el informe del Observatorio Social de la UIA.
Frente a los tijeretazos de Milei, lo que necesita la sociedad es facilitar el acceso por parte del hogar a una alimentación suficiente y a una dotación de recursos públicos o privados suficientes para hacer frente a situaciones de riesgo respecto a la salud (servicios básicos en materia de saneamiento, calidad de vida (no incluye información), acceso a una vivienda segura en condiciones y espacios adecuados para el refugio, el descanso y la convivencia.
La mayor parte de los niños/as entre los 4 y los 12 años asisten a la escuela, pero los niños/as menores de 4 años solamente en un 22,9 por ciento asisten a centros educativos. La desigualdad social es muy regresiva para los niños/as más pobres. Un niño/a del estrato medio alto tiene 6 chances más de asistir a un centro educativo en su primera infancia que un par del estrato muy bajo.
La mayor parte de los niños/as pequeños de los estratos sociales bajos tiene madres en situación de inactividad. A medida que baja el estrato social los niños/as tienen mayores probabilidades de que sus madres estén inactivas.
A medida que baja el estrato social los niños/as pequeños tienen más probabilidad de presentar situaciones de privaciones alimentarias, déficit de atención de la salud preventiva y sobre todo de estimulación oral (26, 8 y 41 por ciento, respectivamente en el 25 por ciento más pobre).
Los niños/as entre 4 y 5 años que no asisten al nivel inicial en un 64 por ciento no saben escribir su nombre solos/as frente a un 44 por ciento entre los que asisten a un centro educativo. A medida que baja el estrato social aumenta la probabilidad de que los niños/as no sepan escribir su nombre solos/as.
En la Argentina urbana del Siglo XXI, en el mejor de los casos, la pobreza nunca dejó de afectar al menos a uno de cada cuatro argentinos, y cuando esto ocurrió, ese estado de pobre bienestar duró muy poco tiempo.
Actualmente, la pobreza monetaria y no monetaria afecta a más de 4 de cada 10 personas: 18 millones personas.
La marginalidad más estructural, afecta a 2 de cada 10; o sea a 10 millones de personas. Y si bien, la situación presente parece socialmente sostenerse gracias a una parte de la economía que mantiene activas sus fuerzas productivas, a la vez que otra lucha por su subsistencia y cuenta con la asistencia pública, el futuro proyectable es corrosivo a nivel social y político.
“Es un tiempo de oportunidades. Se hace imperioso construir una agenda de transformaciones estructurales que estabilicen la macroeconomía, reactiven la inversión y hagan posible la creación de más y mejores empleos, así como la conformación de un nuevo pacto redistributivo que incluya el derecho a un trabajo digno a la protección social, señala la UCA, a pesar de que no esté en los planes de Milei.
