El hecho se registró durante los primeros días de abril, por lo cual el fiscal federal, Patricio Sabadini, ordenó una medida de apelación a la decisión.

Según indica el portal local www.datachaco.com., el juez a cargo del Juzgado Federal Nº 2 de Resistencia, Ricardo Mianovich, otorgó al presidente del Tribunal de Cuentas, Juan José Fuentes Castillo, una camioneta que había sido decomisada, en el marco de una causa por lavado de activos. 

El vehículo en cuestión es una Toyota Hilux, dominio AA-407-KM, que había sido secuestrada a Omar Naldo Retamozo, en Sáenz Peña, por origen ilegal. 

Tras el fallecimiento del hombre y ante la imposibilidad de juzgarlo, Mianovich decidió sobre el rodado.

El magistrado argumenta que, debido a la falta de espacio para guardar los vehículos decomisados, lo cual genera «enfermedades» y «malestar ambiental», y ante el pedido del Tribunal de Cuentas para viajar al interior a realizar «controles», definió la entrega del bien mencionado en forma definitiva.

Ante ello, el fiscal federal, Patricio Sabadini, dictó una medida de apelación asegurando que esta medida por parte del juez es «arbitraria», sin justificativos y que «evidencia graves falencias procesales y errónea aplicación del derecho, que comprometen la legalidad y el debido proceso». 

Asimismo, indica que el abogado Reynaldo Pisarello, defensor técnico del fallecido Omar Retamozo, se presentó en representación de Leandro Retamozo, quien referencia ser el único heredero del hombre.

El mismo presentó un recurso de apelación contra la resolución de decomiso, acompañando declaratoria de herederos y copia de partida de nacimiento, a efectos de acreditar el vínculo filiatorio con el fallecido.

Por otra parte, Sabadini advierte que no se han librado los recaudos pertinentes a efectos de notificar a la Unidad de Información Financiera- UIF.

«Ser juez y dedicarse a la actividad política son incompatibles en una República. Esto se evidencia que, en la evaluación del destino de los bienes en cuestión ni siquiera tomó en cuenta la posibilidad de asociación u ONG, o estamentos del sector público que circunscriba a sectores vulnerables o carenciados o de salud, sino que decidió de modo discrecional y definitivo, como acto de gobierno al Ejecutivo de la Provincia del Chaco; y a un organismo, en el que incluso el magistrado prestó funciones antes de ser juez federal, como lo es el Tribunal  de Cuentas del Chaco, por lo que la irregularidad se advierte aún más relevante», detalló el fiscal.

Fuente: (Data Chaco)