La Justicia resolvió este martes 27 a favor de la provincia de Chubut en el conflicto que mantiene con el gobierno de Javier Milei por los fondos coparticipables.
La determinación fue tomada por el juzgado federal de Rawson, a cargo del juez Hugo Sastre, quien solicitó que el Ejecutivo Nacional cese con la retención del dinero proveniente de dichos fondos.
La sentencia interlocutoria resolvió hacer lugar a la «medida autosatisfactiva» y dispuso “el cese de la retención que -en concepto de reembolsos por préstamos acordados en el marco del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial- la demandada viene realizando sobre las sumas que ha de percibir aquella en concepto de Coparticipación Federal de Impuestos”.
“Ello, hasta tanto se concrete la refinanciación de la deuda y por el periodo máximo comprendido por el ejercicio financiero en curso”, añade la resolución.
Además, el magistrado exhortó a Chubut y Nación a que “arbitren medios conducentes tendientes a la cancelación y/o refinanciación de la deuda, en condiciones razonables, que no importen el compromiso de servicios esenciales del estado provincial”. Por otra parte, rechazó la orden también pretendida en torno a la devolución de la sumas ya retenidas y a la imposición de condiciones de una eventual refinanciación.
En sus fundamentos, el juez Sastre se remitió a la historia del nacimiento del fondo y a la actuación del Gobierno Nacional a lo largo de los años, que “lejos de exhibir una férrea política respecto a las facilidades de financiamiento, se ha mostrado abierto a otorgar soluciones a los altibajos financieros de la provincia del Chubut”.
Por ello, entiende que “habiendo el Estado Nacional asistido financieramente a un Gobierno Provincial saliente, con mayor razón debería apoyar y flexibilizar su política de saneamiento y refinanciación de deudas publicas provinciales -accionar que habría sido aplicado a la provincia en el pasado cercano, tan solo distante doce meses atrás-, máxime cuando tampoco ha variado el marco normativo”.
En ese sentido, considera que el accionar del Gobierno Nacional «esto es, desoír o guardar silencio a una petición de refinanciación y/o cancelación de la actora, no ha sido acorde a su actuar pasado. En efecto, se encuentra en clara contradicción con la conducta asumida con anterioridad”.
Al respecto, su obrar “resulta irracional, así como contrario a la finalidad de la norma que constituye el Fondo y a la que dispone la refinanciación de la deuda ahora en pugna, pues, encontrándose en una posición claramente dominante, decide ignorar las peticiones de refinanciamiento efectuadas por la Provincia, obviando el estado de emergencia que atraviesa”.
Y afirma que “omite adoptar medidas paralelas que amortigüen los efectos negativos que en la economía de la accionante provoca el dejar de percibir de manera diaria los fondos coparticipables que le corresponden. En efecto, una medida de tal naturaleza repercute negativamente en las arcas provinciales, poniendo en situación de riesgo el cumplimiento de funciones esenciales”.
Para Sastre, “nos encontramos ante una injusta e intransigente posición por parte de la demandada, sumado a una inexistente política de absorción de consecuencias por parte del Estado Nacional respecto de la Provincia del Chubut llevada a cabo por el descuento automático de fondo coparticipables”.
Asimismo, argumentó que el accionar del Ejecutivo Nacional «conduce al agravamiento de la situación especial por la que atraviesa la Provincia del Chubut», haciendo referencia al «estado de emergencia económica, financiera y administrativa» de la provincia patagónica.
«Más aún cuando las retenciones representan más de un tercio de lo que percibe en concepto de coparticipación, situación que no podría prolongarse en el tiempo sin afectar servicios esenciales tales como salud, higiene, educación, etc., necesidades básicas de la población cuya satisfacción se debe garantizar”, añade la resolución.
También subracya que desde Nación “ni siquiera se barajó la posibilidad de optar hipotéticamente por una intimación previa que indicara que a partir de determinado mes se aplicaría de manera automática la cláusula descuento de los fondos coparticipables».
«De forma intempestiva, (…) el día 19 de febrero de 2024 el Gobierno Nacional, sin más, comienza a descontar de manera automática y hasta la fecha de la presentación de la demanda, la suma de pesos $13.313.605.810,66 a cuenta del vencimiento pactado con el FFDI”.
“Por ello, entiendo que la decisión del Gobierno Nacional ha sido inconveniente e intempestiva, provocando desequilibrio de las cuentas provinciales y un claro perjuicio a los habitantes de la provincia del Chubut”, expresa el fallo.
El vicegobernador de Chubut, Gustavo Menna, celebró la resolución a través de sus redes sociales. «La Justicia Federal le dio la razón a @NachoTorresCH: el Gobierno Nacional retuvo ilegalmente la coparticipación de Chubut», escribió en su cuenta de X (antes Twitter).
«Van a tener que tomar cursos de contratos y envío de correos electrónicos. Mientras, no van a poder seguir reteniendo lo que le pertenece a la provincia«, agregó Menna.
