En caso de detectar o conocer un posible caso de maltrato y/o abuso en la infancia, se encuentra disponible la línea 102, gratuita, abierta y anónima, en la que se reciben denuncias, como así también las diversas Unidades de Protección Integral (UPI) con las que cuenta la provincia.
La ministra de Desarrollo Social, María Pía Chiacchio Cavana, lamentó el fallecimiento de un niño de diez años en la localidad de Miraflores, en circunstancias que están siendo investigadas por la justicia chaqueña, y remarcó la necesidad de una profunda transformación, de carácter estructural, en todos los poderes del estado para garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes.
“Acompañamos el dolor de la madre y la familia. Cuando ocurre un hecho violento que se lleva la vida de una persona, y sobre todo cuando se trata de un niño, lastima profundamente a toda la sociedad. Este hecho nos empuja a pensar en los cambios estructurales que son necesarios para proteger a las infancias”, destacó la funcionaria.
Chiacchio Cavana remarcó que se trabaja desde el Sistema de Protección Integral de Derechos con políticas “que deben trabajarse de modo conjunto con la Justicia y las Asesorías de Niños, Niñas y Adolescentes”, expresó la ministra, resaltando además: “iniciaré las medidas administrativas correspondientes a fin de analizar y determinar posibles responsabilidades del equipo técnico, antecedentes e intervención llevada a cabo en el caso”.
El lamentable hecho se produjo días atrás en el Paraje Monte Casero de la localidad de Miraflores donde un hombre de 43 años, padre del niño, lo habría asesinado para luego simular un suicidio. El hombre contaba con antecedentes de violencia intrafamiliar, y la madre de la víctima había iniciado meses atrás el proceso legal correspondiente para lograr los cuidados personales del niño, por lo que el caso se encontraba en el ámbito judicial.
La funcionaria remarcó que es necesario “impulsar estrategias que permitan llegar a tiempo para detectar y prevenir resultados fatales” señalando que “sin lugar a dudas se requiere de la articulación con el sistema judicial, dado que la Unidad de Protección Integral no tiene potestad para decidir respecto a los cuidados personales de un niño o niña. El compromiso que hemos asumido desde diciembre es justamente el de fortalecer dicho sistema, sus equipos técnicos e interdisciplinarios, como también su capacidad de intervención, mediante estrategias y políticas públicas focalizadas”.
En ese marco, el gobierno provincial dispone de una serie de dispositivos, recursos, herramientas y políticas públicas de protección, profundizando en un proceso de revisión de prácticas tendientes a mejorar y fortalecer las intervenciones.
*El caso*
En 2019, la madre del niño inició los trámites legales frente a la Asesoría de Niñas, Niños y Adolescentes de su jurisdicción, para solicitar los cuidados personales del niño. El proceso judicial iniciado incluyó la visita al domicilio de la madre y la programación de una audiencia en sede judicial para el día 18 de marzo de este año, suspendida en virtud de la emergencia sanitaria por coronavirus.
El Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, creado por la Ley provincial N° 2086-C, define todas las acciones destinadas a la promoción y protección de derechos, así como también las que deben implementarse ante situaciones de amenaza o vulneración de derechos. Y prevé la articulación transversal del Estado en tanto Poder Judicial y Poder Ejecutivo, en conjunto con los actores e instituciones de la sociedad civil, teniendo en cuenta las realidades de la comunidad, y considerando como sujeto de derechos, al niño y su entorno familiar o afectivo.
Dicho sistema, es una construcción de todos los actores sociales involucrados, y no una responsabilidad exclusiva del organismo de protección, en este caso de la Unidad de Protección Integral-sede Juan José Castelli.
Desde el gobierno de la provincia del Chaco, a través de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, se profundizan las políticas públicas para el fortalecimiento de dicho sistema, reforzando el rol de la familia en la vigencia de los derechos, la descentralización de los organismos de aplicación, de los planes y programas específicos de políticas públicas de protección de derechos, en miras de garantizar su mayor autonomía, agilidad y eficacia, y la gestión asociada de los organismos del gobierno en sus distintos niveles, en coordinación con la sociedad civil.
